Eje Político Legislativo: Senado como poder autónomo.
Introducción
Política interior
Política económica
Política social
Política exterior
En el análisis de la Política Interior, se confrontan las expectativas ciudadanas que despertó el gobierno de Peña Nieto con su quiebre ético en 1) la corrupción desbordada y la protección a la impunidad sistémica y 2) las graves violaciones a los derechos humanos. Este sexenio se caracterizó por un claroscuro de algunas acciones positivas -publicación de las leyes generales de Víctimas, Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas-, ciertas medidas iniciales en favor de las víctimas; sin embargo, su posterior traición a las víctimas fue marcada por los hechos de Tlatlaya, Estado de México y de Ayotzinapa, Guerrero, como ejemplos de lo que se convirtió en una crisis de mayores proporciones, una crisis humanitaria no reconocida ni atendida.
El proceso de profundización de la militarización de la seguridad pública como paradigma fallido ha sido ya el signo de tres administraciones presidenciales, el iniciado con el despliegue masivo de Fuerzas Armadas por Felipe Calderón en el 2006, su continuación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y su consolidación, incluso con propuesta constitucional, por el flamante presidente López Obrador es analizado como parte de la política interior. En este rubro tenemos prendidas todas las alertas sobre las negativas consecuencias que tendrá para el desarrollo democrático del país la avanzada transformación de la relación entre las autoridades civiles en plena claudicación y las militares en donde resalta el empoderamiento que el nuevo gobierno ha dado a las Fuerzas Armadas.
Tuvimos oportunidad de participar en las comparecencias de quienes acompañaron el sexenio peñista, cómplices de la corrupción indiscriminada y los abusos que llevaron, entre otras cosas, al más profundo hartazgo de la ciudadanía. Así mismo, damos una mirada a cómo se va configurando la justicia y la necesaria lucha contra la impunidad en el proceso de conversión de la Procuraduría General de la República en Fiscalía y la inquietud de que no fuera más que simple cambio de nombre porque con la negativa oficial de reformar el artículo 102 constitucional no se puede reconstruir el sistema de justicia recuperar la confianza reclama- da con la actuación de una Fiscalía y un fiscal realmente autónomos que rompan el pacto de impunidad.
Si el gobierno federal quiere ser un gobierno abierto, con estructuras de funcionamiento democrático y transparente, se plasma en la norma. Si, por el contrario, se quiere ser un gobierno de corte autoritario, centralizado, con toma de decisiones unipersonales o de un grupo pequeño que concentra el poder, sin mecanismos de rendición de cuentas ni transparencia ni controles constitucionales ni ciudadanos, también se plasma en la norma.
En la discusión de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el rol del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, y muchos casos lamentables más de desaparición de instituciones o programas sociales, analizamos cómo se va dando una concentración contraria a un gobierno abierto, amigo de la transparencia y de la rendición de cuentas.
En este Informe, se visualiza la grave situación de violación a derechos a través de los mecanismos de seguimiento de organismos internacionales, por ejemplo, las 264 recomendaciones que el gobierno federal recibió durante el Examen Periódico Universal 2019 (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sería simple contar con un Programa de Derechos Humanos con tal sólo dar seguimiento y cumplir cada recomendación de las instancias internacionales, así como generar medidas de no repetición, centrando toda la atención en las víctimas de las violencias y su dignidad.
Expresamos nuestra convicción de combatir los alarmantes niveles de violencia e inseguridad actuales, y visualizar las medidas de protección integral para personas desplazadas internas forzadas, familiares de personas desaparecidas y asesinadas, así como de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a sectores de población o grupos en situación de vulnerabilidad, como migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
En cuanto a la Política Económica hoy por hoy podemos afirmar que México es un país de pobres, pero no es un país pobre, es decir, es un país rico lleno de pobres. Por segundo año consecutivo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha ubicado a México como la 15a economía en el mundo. De manera tal, que la desigualdad en el ingreso afecta severamente los derechos económicos y sociales de la gran mayoría, lo que impide hacer realidad los derechos consagra- dos en la Constitución mexicana. De ahí que en buena medida también nos ocupamos de enfatizar la relevancia de los derechos económicos y sociales como parte de la Política Social. Acá preocupa sobre manera, el desmontaje de programas sociales, incluso con reconocimiento internacional y ver, en cambio, la constitución de un aparato gubernamental que a todas luces tiene un tinte de estructura electoral-clientelar por la manera en que operan y quiénes lo integran.
Los derechos referentes a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, igualmente formaron parte de la agenda que se atendió durante el año que se informa; por ejemplo, lo relacionado con el Sistema Cutzamala y el derecho al agua en la Ciudad de México.
El Eje Político Legislativo cierra con la Política Exterior. Retomamos la propuesta del expresidente Peña Nieto de impulsar un México con responsabilidad global para constatar que no se cumplió este objetivo. El gobierno peñista confundió la política exterior con la política personal, definió el interés nacional con base en el de su grupo político, se retro- cedió, como lo comentamos, en la política exterior de derechos humanos e impulsó un acuerdo vergonzoso encaminado a convertir a México en tercer país seguro, que sorprendentemente, fue convalidado y reforzado por el nuevo gobierno.
Igual sorpresa nos significó el aval del actual gobierno a la opacidad con que se llevaron a cabo las negociaciones para modificar, con base en la presión de Donald Trump, el acuerdo comercial existente entre México, Estados Unidos y Canadá. En el informe, se detalla la dis- cusión que llevó a la sustitución del Tra- tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), así como los seis acuerdos paralelos en- tre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Nuestra posición fue en contra por- que los resultados que experimentamos en materia económica y comercial, des- de hace 25 años, no ha sido la panacea, ni salimos de la pobreza ni se redujeron la desigualdad ni las carencias sociales, tampoco llegó el prometido boom de empleo y nuestro país nunca entró al mundo del desarrollo. Es vital revisar la política exterior; las discusiones sobre este tema deberán ser resultado de una reflexión profunda, sobre el lugar de México que queremos en el mundo.