P R E S E N T A C I Ó N
Servir a mi ciudad, a la excepcional Ciudad de México –fundamentalmente a su gente–, es uno de los mayores honores de mi vida. Trabajar por la vigencia de los derechos y libertades de las personas un gran privilegio y es la mejor manera de corresponder a quienes depositaron en mí su confianza para representarles en el Poder Legislativo federal desde el Senado de la República.
Todos los días, ya sea en las labores parlamentarias, las legislativas, las de difusión, las de formación o alzando la voz en el pleno; presentando propuestas en el trabajo en Comisiones; atendiendo gestiones ciudadanas, en audiencias, en reuniones, en encuentros y de muchas otras formas y actividades, junto con un gran equipo de mujeres y hombres comprometidos con los derechos humanos, la justicia, la paz y la dignidad buscamos responder a esa confianza que me llevó a la Cámara de Senadores para hacer valer la voz colectiva y mantener la resistencia democrática. Mis esperanzas, aportes y propuestas provienen justo de esa fuente: la gente y sus organizaciones.
Busco también corresponder la confianza de mis compañeros y compañeras de la Iniciativa Ahora con quienes construimos una propuesta ciudadana para hacer visibles las propuestas desde la ciudadanía en el Congreso de la Unión y contribuir así a la construcción de un horizonte democrático para todas y todos.
Este Primer Informe de Actividades de la LXV Legislatura y Cuarto como senador de la República es un ejercicio más de rendición de cuentas que, como convicción propia y por mandato legal, presento a la ciudadanía. De manera contundente y sistematizada, informaré las acciones cotidianas realizadas entre julio de 2021 y junio de 2022, las cuales, más allá de sólo brindar datos de lo efectuado en ese periodo, es un ejercicio de transparencia ciudadana que brinda, también, una breve reflexión del momento país en que las diferentes situaciones que enfrentamos se desarrollaron.
Grupo Parlamentario Plural
Este año tuvo una particularidad especial, pues no sólo cambió mi forma de trabajo en el Senado de la República, sino también su configuración y dinámica. Sin falsa modestia, este hecho constituye un acto histórico en la vida parlamentaria y legislativa de México: me refiero a la integración del Grupo Parlamentario Plural (GPlural).
Como miembro fundador del mismo, junto con las senadoras Nancy de la Sierra y Alejandra León y los senadores Germán Martínez y Gustavo Madero, constituimos una alianza parlamentaria reconocida en la Cámara alta mediante acciones judiciales que llevaron a que, no sólo de hecho sino por derecho, dada una resolución el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, tuviera validez como instancia parlamentaria. Con ello, se sienta un precedente para el Congreso de la Unión y para los congresos de las entidades federativas.
La aparición del GPlural es también una nueva expresión de democracia legislativa participativa al dar espacio, representación y voz a expresiones independientes y sin partido en el Congreso, dentro de un marco de institucionalidad y pluralidad.
Con sus límites el GPlural es parte de esas respuestas. Con un término de relación fundado en la libertad y la autonomía, sin dejar de pertenecer a la Iniciativa Ahora, decidí sumarme a esta nueva propuesta. Estará por evaluarse su alcance y significación; no obstante, ya es un hecho de la mayor relevancia en la historia legislativa del país que marcó mi trabajo parlamentario en el periodo que se informa.
Momento país
El momento país ya cambió con respecto a 2018. Las expectativas e ilusiones generadas por el arribo de un nuevo gobierno se han estampado con el muro de la realidad, de la mediocridad y de las promesas vulneradas. Los cambios prometidos están lejos de consumarse, el ánimo ciudadano por avanzar en un México más democrático, seguro y justo ha quedado en desilusión. Unos aspectos de la realidad describen nuestro contexto:
- La salud pública atraviesa por uno de sus peores momentos.
- Algo similar ocurre con la educación pública: cuando más requeríamos revertir los efectos de la pandemia, deciden cerrar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
- La violencia crece al mismo ritmo acelerado que las redes macrocriminales y su control territorial ante la pasividad, la omisión y la complicidad del gobierno. Los pactos de impunidad prevalecen.
- Las víctimas de la violencia viven una profunda orfandad institucional con la simulación permanente.
- El abandono a la niñez no tiene parangón en el México moderno.
- La economía no muestra crecimiento real: la inflación está desbordada; cada vez hay más pobres; la precariedad del salario no le permite a la economía familiar avanzar; el desempleo es alarmante y hay hambre en las casas de las familias mexicanas, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional gasta 5 mil pesos por segundo.
- En materia de medio ambiente vivimos uno los momentos más tristes y preocupantes, pues retrocedemos ante las tendencias mundiales de protección a nuestro entorno natural.
- La devastación y destrucción que ha propiciado el Tren Maya son el ejemplo del estilo personal de este gobierno: no respeta la ley, no oye, no dialoga, difama, miente y sigue adelante con una actitud irresponsable hacia el futuro.
- Las mujeres sufren una pandemia de violencia ante la indolencia gubernamental.
- La barbarie e incivilidad van tomando cartas de naturalización, se van normalizando junto con la ausencia de gobernanza y no hay medidas mínimas de contención institucional para las crisis de violencia epidémica y humanitaria que cruzan los límites de la humanidad.
Más allá de lo específico, es relevante señalar aspectos de orden general. A continuación, una relación de lo más significativo.
El rompecabezas autoritario: la regresión y el deterioro
Esta decepcionante y dolorosa realidad se acompaña de procesos de degradación democrática con una peligrosa regresión autoritaria. Los avances importantes de las luchas ciudadanas y democráticas están siendo debilitados o demolidos o en franca erosión o retroceso.
Las instituciones, las leyes y los términos de relación democráticos construidos durante décadas de esfuerzos y batallas –algunas con altos costos humanos–, se enfrentan a una dinámica cada vez más despótica, simuladora y peligrosamente militarista. Este gobierno que dice ser de izquierda traiciona sus luchas y sus orígenes, mientras promueve la cultura del militarismo.
Al inicio de este gobierno obradorista, se esperaban con entusiasmo por millones de ciudadanas y ciudadanos los cambios que transformaran la base estructural de las prácticas corruptas e impunes del régimen político que se suponía sería desmantelado; sin embargo, no sucedió, se mantuvieron y reprodujeron, y lo que es visible es que una parte importante de los “cambios” no sólo no han constituido un avances democráticos, sino una grave regresión en nuestras libertades y derechos. Desde el púlpito mañanero se engaña presentando realidades alternas y falaces como si fueran avances, pero como narrativa de fantasías presidenciales no cambia lo que sucede en la cotidianidad de cada mexicana y mexicano.
El rompecabezas autoritario que arma este gobierno –y que denunciamos desde el inicio de esta administración– camina firme, sobre todo en su faceta militarista. La concentración de facultades en el presidente, la violación permanente a los preceptos constitucionales y legales, así como el desprecio a la división de Poderes son parte de ese entramado despótico. La limitación de la acción y de los recursos para los otros órdenes de gobierno y Poderes han tomado dimensiones cada vez más preocupantes.
Es notorio el debilitamiento de todo el aparato de rendición de cuentas, de los contrapesos y de la transparencia, mientras, por otro lado, es impresionante el aumento de la discrecionalidad en compras públicas por medio de adjudicaciones directas, invitaciones restringidas, licitaciones opacas. Al igual que un ejercicio presupuestal que favorece fundamentalmente, mediante adecuaciones presupuestales no aprobadas por la Cámara de Diputados, los caprichos del titular del Ejecutivo federal. Especial relevancia cobra la pasividad, la omisión y la autolimitación de la Auditoría Superior de la Federación con pendientes significativos.
El ataque a diversos órganos constitucionales autónomos es otra de las caracterizaciones de este modelo autoritario. La permanente agresión a los contrapesos, la rendición de cuentas y los límites al ejercicio del poder unipersonal, discrecional y arbitrario son una peligrosa dinámica instalada por este gobierno.
Las embestidas a integrantes del Poder Judicial, periodistas, legisladores de oposición, académicos, científicos, universidades públicas, víctimas, defensores de derechos humanos, feministas, ambientalistas, empresarios y una larga lista adicional y diversa cuyo único factor común es haber expresado una opinión distinta o contraria al presidente y sus proyectos son sólo parte de la muestra de este modelo autoritario.
Hay que sumar los sistemáticos ataques a la sociedad civil y sus organizaciones. El propio presidente de la República ha implementado una narrativa que busca el descrédito y la descalificación, y lo acompaña de medidas fiscales y absolutamente restrictivas y coercitivas que limitan y restringen el espacio público, lo que daña profundamente el tejido social y la construcción de ciudadanía y de un modelo de corresponsabilidad y gobernabilidad democráticos cuyo centro es la participación de la gente en todos los asuntos públicos, no sólo los que el gobierno quiere o permite.
También sorprende cómo en el Congreso se presentan y aprueban, por la mayoría legislativa, diversas piezas de corte punitivo, restrictivo o persecutor. Vivimos la gran incongruencia de un movimiento social que llega al poder y ahora criminaliza muchas de las formas de lucha social y protesta que sus integrantes usaron en incontables ocasiones. Incluso se ha podido observar el encarcelamiento de lideresas sociales como Kenia Hernández para confirmar la persecución política y la dinámica represiva hacia luchadoras y luchadores sociales.
Militarización: amenaza a la democracia
La expresión más preocupante de ese modelo de regresión autoritaria es la profundización de la militarización y la promoción de la cultura del militarismo en una clara claudicación de la autoridad civil tanto en el gobierno político de la seguridad como en la entrega de 227 tareas civiles en espacios de la vida pública que van más allá del de la seguridad pública.
Las Fuerzas Armadas, en especial la Secretaría de la Defensa Nacional, han recibido un trato excepcional y de privilegio, expresado entre otras cosas, en las asignaciones presupuestales aprobadas por la Cámara de Diputados que se incrementan por el sobre ejercicio de las adecuaciones para las prioridades que decide el Ejecutivo federal; además, con mayor frecuencia desarrollan actividades que no tienen nada que ver con su mandato constitucional.
Estamos presenciando como esta administración socaba la capacidad institucional, presupuestal y operativa de diversas instituciones y entidades civiles. El presidente ha optado por el debilitamiento de la institucionalidad civil en beneficio de las Fuerzas Armadas.
Se ha llegado a situaciones sin precedente, los altos mandos de las Fuerzas Armadas han abandonado su papel como instituciones del Estado y han decidido ser parte de un proyecto de gobierno como cuando mandan mensajes (activos o pasivos) de pertenencia al mismo. La participación del comandante de la Guarida Nacional en un mitin del partido en el poder y las expresiones del general secretario en el aniversario de la Revolución constituyen sólo parte de esos desafortunados e ilegales hechos.
De más de las 227 funciones civiles que se han traspasado a las Fuerzas Armadas de 2006 a la fecha, más de la mitad se realizó en esta administración; además se ha reformado la Constitución para crear, con base en un pacto político, una Guardia Nacional civil que, contrario al mandato constitucional y legal, desde el primer día de su construcción se ha teñido de verde olivo en su conformación, en sus integrantes, su entrenamiento, su jerarquía y mandos, convirtiéndose sin pudor en un fraude constitucional.
Las Fuerzas Armadas construyen obra pública, enajenan bienes públicos, se encargan de temas de salud, educación, aduanas, comunicaciones e, incluso, hasta la instalación de la infraestructura del internet se les ha asignado. Todo esto además de la amplia y sistemática ocupación de cargos a lo largo de toda la administración pública federal, estatal y municipal, especialmente en instituciones de seguridad, procuración o administración de justicia.
La militarización de la vida pública en esta administración no tiene antecedente y constituye tanto un grave riesgo a la democracia, como una redefinición del pacto cívico-militar, por lo que el mensaje es claro: este presidente cogobierna con las Fuerzas Armadas.
Desde el Senado hemos alzado la voz en este tema y seguiremos insistiendo en la desmilitarización, en la construcción de la paz y en evitar las desviaciones y excesos de iniciativas y propuestas legislativas que buscan normalizar esta dinámica.
Agudización de la crisis de derechos humanos
Vivimos una alarmante profundización de la crisis de derechos humanos del país. Hoy en día, prácticamente todos los indicadores en la materia se encuentran peor que cuando empezó la actual administración. La violencia no se detiene y la inseguridad se dispara. El control del territorio por parte de las redes macrocriminales va en aumento, así como el número de homicidios dolosos. En casi cuatro años ya se rebasaron las cifras tanto de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa como el de Enrique Peña Nieto.
Fenómeno similar ocurre con los asesinatos de periodistas: este es ya el sexenio más sangriento para la prensa en México. Incluso los homicidios de personas defensoras de derechos humanos y de ambientalistas reportan también alarmantes incrementos. Otra tragedia alarmante es que este será el gobierno con más personas desaparecidas en la historia.
La desatención y el abandono a las víctimas ha generado una orfandad institucional de graves consecuencias para su seguridad y bienestar, no sólo por las reformas legislativas regresivas que han desparecido fideicomisos y eliminado los mecanismos para su protección, sino por las también desfavorables reformas a leyes como la de la Fiscalía General de la República, así como otras que con-culcaron derechos adquiridos.
En ese sentido es de subrayarse el debilitamiento y la retracción de la institucionalidad para la atención de las víctimas. El debilitamiento presupuestal, la falta de respuesta y la simulación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no logran responder a una emergencia nacional que requiere esfuerzos y recursos extraordinarios. La política pública en la materia es de una pequeñez inaudita y ofensiva.
Migración: la indignidad y la crisis humanitaria
La crisis humanitaria que enfrenta México en materia migratoria merece especial mención. Se ha consolidado una política de sistemática violación a los derechos humanos de las personas migrantes. El gobierno de México ha aceptado el indigno e insultante papel de ser no sólo el “muro de Trump” sino también el tercer país seguro. Las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales han desarrollado diversas estrategias de contención migratoria en todo el territorio nacional. México ha abandonado su política de solidaridad para abrazar una política xenófoba y antinmigrante.
El discurso simulador no alcanza a ocultar las muy diversas vejaciones que viven miles de personas migrantes en las fronteras sur y norte y en muy diversas localidades del país. No escapan a este trato inhumano, cruel y vejatorio niñas, niños y adolescentes. Las leyes y obligaciones internacionales de México establecen justamente lo contrario: el respeto irrestricto de los derechos humanos. Ahora es sólo una doctrina hueca que se ubica en la más descarada hipocresía.
Las violaciones sistemáticas a los derechos de las personas en situación de movilidad se derivan de una política pública discriminadora, selectiva y violadora, lo que afecta más aún a la población afro, haitiana y de otras latitudes, no únicamente de América Central y del Sur. Es una decisión del gobierno expresada en prácticas institucionales ilegales y abusivas que avergüenzan a México ante el mundo.
La respuesta democrática
El contexto actual ha generado diversas respuestas, tanto específicas como estructurales. Me interesa subrayar estos aspectos en ejemplos de lo que realizamos desde nuestro trabajo en el Senado de la República, con muy diversos actores y sectores sociales.
En lo específico –y ante esa dolorosa realidad–, trabajamos de forma conjunta con diversos colectivos de víctimas de todo el país, después de meses de ardua labor, la presentación de una primera miscelánea de reformas legislativas cuyo objetivo central es construir una política de Estado para la protección integral de los derechos de las víctimas.
Este trabajo ha sido el más significativo en todo lo que va de mi labor como senador de la República pues hemos ejercido, junto con víctimas, representantes de sus colectivos y organizaciones solidarias, una labor pedagógica, de aprendizajes legislativos, de memoria histórica, de justicia y de propuesta que impone una exigencia impostergable a la mayoría legislativa y a su gobierno, por lo que, la búsqueda de su aprobación es un compromiso ineludible.
Así hicimos también en materia de desplazamiento interno forzado, una tragedia reconocida demagógicamente por el gobierno federal, pero realmente ignorada y, sobre todo, no atendida. Después de meses de trabajo con víctimas en situación de desplazamiento, personas expertas del país y del extranjero, defensoras de derechos humanos, se logró concretar una propuesta de reformas constitucionales y legislativas que constituye un precedente de elaboración colectiva en la materia, que de avanzar sería la base de una política pública de Estado en la materia de gran calado, pues incluye la voz, la visión y la participación de víctimas de diferentes entidades del país.
Igualmente quiero subrayar el trabajo realizado en materia del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Probablemente uno de los asuntos más paradigmáticos en la materia es lo que sucede en la implementación del proyecto del Tren Maya. El colectivo #SélvameDelTren ha encabezado una lucha ambiental, social, legal e incluso parlamentaria realmente admirable.
En este tiempo, he acompañado este ejercicio ciudadano de cuidado del entorno y de los recursos naturales invaluables para esta y las generaciones por venir. En el contexto del cambio climático, de los severos daños ambientales por nuestro modelo económico y social, los diversos llamados de atención de este colectivo resultan vitales.
En lo estructural esta situación también tiene ya respuestas alentadoras. Cada vez se alzan más voces en defensa de la democracia, de la pluralidad, del diálogo y del encuentro. Muy diversos sectores, políticos, académicos, civiles e incluso religiosos levantan la voz para pedir diálogo, escucha y un cambio de rumbo.
Cada vez es más la gente preocupada y ocupada por retomar el horizonte democrático de México, de buscar una visión de futuro que no defienda el pasado indefendible y que supere las fórmulas rebasadas. En muy distintos ámbitos, las personas que inicialmente no acompañaron el proyecto de este gobierno, así como muchos que le otorgaron el beneficio de la duda e incluso su confianza, hoy están convencidas de que México va por mal camino y que se debe modificar el rumbo.
Tres de las principales señales son: 1) la votación para la conformación de la Cámara de Diputados en el proceso electoral de 2021, 2) el mal llamado, y peormente realizado, ejercicio de revocación del mandato que, en realidad, fue de ratificación, y 3) el rechazo a la reforma constitucional en materia energética son unas de sus más claras representaciones.
Acerca de la composición de la Cámara de Diputados federal, hay que señalar que la oposición obtuvo en las elecciones federales legislativas de 2021, 23.5 millones de votos, mientras que la coalición en gobierno tuvo 21.2 millones. Las reglas electorales y la concentración del voto opositor en áreas urbanas llevaron a una diferente representación en la Cámara, pero la realidad es que la mayoría de quien votó lo hizo por una opción de oposición.
Esto no se reflejó en la composición de la Cámara, esencialmente por la concentración del voto opositor en zonas urbanas, donde lo mismo da ganar por mil que por 20 mil votos; es decir, no cambia el número de representantes. Sin embargo, este hecho refleja no sólo el tamaño del desencanto, sino la efectiva pérdida de confianza del proyecto de gobierno reflejada en un respaldo popular menor en las urnas.
En lugar de entender que el mensaje de las urnas fue de equilibrio, pluralidad y contrapesos, este gobierno ha avanzado en formas regresivas y de más concentración de poder. Lo que sucede en la Ciudad de México es un ejemplo de ello: la oposición ganó la mayoría de las alcaldías y el gobierno local emprende una campaña de asedio, ataque, represión y acoso a la oposición, incluso con castigo presupuestal a las zonas de la entidad donde vive la ciudadanía que no votó por ellos y ellas. Con ello se llega al absurdo de repetir la aplicación de las peores formas autoritarias que tanto denunciaron en el pasado cuando eran oposición.
Por su parte, acerca de la “ratificación” del mandato, en realidad sucedió algo aun más contundente. Este ejercicio significó la pérdida de más de 15 millones de votos efectivos, con un padrón electoral mayor y todo el aparato del Estado a favor. Se hizo uso ilegal y desmedido de todo este aparato, incluidas las violaciones sistemáticas a la ley señaladas por las autoridades electorales, empezando por el presidente, su gabinete y gobernadores, legisladores federales y locales, así como servidores públicos de todos los niveles actuando fuera de la ley.
La promoción ilegal –incluida la pretendida modificación a la ley que impulsaba la promoción y la participación de servidores públicos en este ejercicio– constituye una de las más graves regresiones de las luchas democráticas por la equidad y transparencia de la actuación gubernamental. Años de lucha por reglas claras y competencias equitativas fueron ignoradas por la desmesura y el abuso.
Aun cuando se contó con los medios de comunicación, servidores de la nación, cerca de 20 gubernaturas, más de 250 diputaciones federales, 60 senadurías y centenares de municipios, la opción de promoción por el voto a favor de la ratificación presidencial en el poder sólo alcanzó 50 % de la votación de la elección de 2018.
Finalmente, el rechazo a la propuesta de reforma constitucional en materia de energía fue otra señal significativa que se sumó a las dos anteriores. El hecho relevante no fue que el Ejecutivo no contara con los votos necesarios para que su propuesta fuera aprobada, sino que las amenazas, los chantajes y las presiones, en esa ocasión, no pudieron doblar, dividir o fraccionar al bloque opositor. Este se mantuvo unido y envió un poderoso mensaje, a pesar de las difamaciones del presidente y su partido. Si se quiere una reforma constitucional, se tiene que hacer política y construir una visión de futuro compartida.
El difícil contexto de país requiere construir una visión de Estado. La polarización empeora la situación y resulta en una profunda mezquina. El lucro electoral no puede estar por encima de las necesidades de la gente, por eso, he insistido reiteradamente en llamar al presidente al dialogar y a buscar soluciones conjuntas, entendiendo las diferencias legítimas y buscando las posibles y necesarias coincidencias.
Los tiempos por venir están llenos de desafíos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En el contexto mundial hay señales preocupantes en materia económica, cadenas comerciales y de producción de alimentos alteradas que anuncian una crisis de hambre, se ha alterado la paz y hay un rediseño de procesos de globalización y de amenazas que se ciernen sobre la democracia. Se suma la falta de acciones eficaces para atender el calentamiento global y el cambio climático. Todos estos procesos y otros afectarán e incidirán directamente sobre nuestro país; eso sin mencionar las tensiones con nuestros principales socios comerciales que ya de por sí están en un momento crítico.
En lo local, el contexto descrito obliga a una defensa de nuestra democracia y de los avances institucionales y sociales. Obliga también a trabajar la capacidad de sumar en el ánimo de proteger un bien superior como lo es la defensa de los derechos y libertades de todos, todas y todes.
Estamos obligados a poner toda nuestra capacidad en congruencia con nuestra historia y luchas, en construir un México de futuro que supere ese pasado indefendible e irrepetible. A construir alianzas transgeneracionales y diversas en el marco de la pluralidad y el respeto, superando las prácticas del pasado que tanto nos indignaron y dañaron.
Es preciso pasar del miedo y la negación a la propuesta y construcción de esperanza con visión de futuro. Es necesario superar las visiones autorreferenciadas y cerradas para dar paso a dinámicas de amplias e incluyentes alianzas que nos permitan responder eficazmente a los múltiples desafíos de la amenaza autoritaria y del contexto global adverso. Lo que se juega no es menor.
Finalmente, quiero agradecer la confianza depositada en mí y en el equipo de colaboradoras y colaboradores –con quienes orgullosamente comparto labores, esperanzas y propuestas– de parte de víctimas, colectivos, colectivas, organizaciones, redes y diversas plataformas sociales, civiles, populares académicas, sindicales y otras más que, en este año que se informa y en mi estancia en el Senado, me han impulsado a efectuar todo lo posible para, día a día, tratar de honrar esa confianza.
Agradezco también a mi equipo de trabajo por su dedicación, entrega y compromiso, más aún en estos tiempos de pandemia, los cuales nos han obligado a realizar esfuerzos mayores y a reinventar nuestro trabajo. Los desafíos no han sido menores y, aun así, la entrega y la capacidad han estado siempre presentes.
Muchas gracias a mi jefa de oficina, Eliana García, a Hugo Morales, Dolores Martínez, José Luis Macías, Claudia Tamez, Jimena Gómez, Sergio González, Edgar Arriaga, Mariana Domínguez, Mauricio Bautista, Jessica Castillo, Elsa Alejo, así como al apoyo administrativo y operativo de Rubén González, César Sánchez, Teresa Herrera y Andrea Rangel. Igualmente agradezco a los equipos profesionales que nos ayudaron para proyectos específicos a lo largo del año, a Bárbara Lara y Alberto Nava de La Hoja en Blanco. Creatividad Editorial y al magnífico apoyo del equipo de Producciones Toraya.
Mi reconocimiento al personal parlamentario y administrativo del Senado de la República por su permanente y profesional apoyo a nuestro trabajo. Su dedicación hace posible que un poder de Estado funcione y responda a la ciudadanía. La labor lograda en tiempos de crisis sanitaria es de reconocerse, principalmente de quienes se entregaron a sus actividades de forma notable.
Por último, dedico un agradecimiento especial a mi familia, a mi esposa Raquel, a mis hijas Guadalupe y Luisa, y a mi hijo Jesús. Su amor, su cercanía y su apoyo son principio y fundamento de mi trabajo cotidiano. Agrego a mi extensa y querida familia ampliada, a mis amigos, así como a compañeros y compañeras de la Iniciativa Ahora, quienes son también fuente primaria de apoyo, compromiso y compañía.
Muchas gracias a todas, todos y todes.
Emilio Álvarez Icaza Longoria
Senador de la República por la Ciudad de México
4to Informe Legislativo
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