PRESENTACIÓN
Las personas que conformamos al Poder Legislativo, uno de los tres en los que se divide el Supremo Poder de la Federación, independientemente del tiempo de que se trate y desde las atribuciones establecidas en la ley, tenemos una gran responsabilidad en el proceso de construcción y perfeccionamiento del modelo democrático que requiere el país.
Nuestro paso y desempeño por este Poder durante la LXIV y LXV Legislaturas se desarrolló tomando en cuenta dos elementos primordiales: la honra de representar lo más dignamente posible al electorado que así lo mandató y la plena convicción de reconstruir la confianza de la ciudadanía en torno a la representación popular y, en consecuencia, luchar por la defensa de los derechos y las libertades para todos y todas.
En 2018, nos registramos para contender por la senaduría como Iniciativa Ahora, en un acuerdo con la alianza conformada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Es importante señalar, y nos hacemos cargo de ello, que acordamos que una vez en el Senado de la República, no estábamos obligados a pertenecer a sus grupos parlamentarios y, debido a ello, como una decisión de nuestro referente, nos declaramos independientes porque consideramos que era necesario sostener el estandarte ciudadano como una praxis democrática en un sistema de partidos que ha sido completamente superado y debe ser reformado en su totalidad.
Mi llegada a este Senado de la República, como senador de primera minoría por la Ciudad de México, se produjo posterior a una larga participación ideológica y política, tanto en el ámbito personal como en el familiar, principalmente en materia de difusión y comunicación social, fortalecimiento de la participación ciudadana y defensa de los derechos humanos. Sin duda, este proceso histórico nos permitió trazar clara y contundentemente nuestro quehacer parlamentario y legislativo.
El Senado de la República se convirtió en un reto continuo en el que la resistencia ha sido el sello de nuestra acción en la que, senador independiente y autónomo, utilicé dos herramientas poderosas: la palabra y el acompañamiento de diversos grupos de la sociedad civil. Por ello, logramos amplificar la voz de quienes no la tienen y usamos la tribuna para manifestar el pensamiento, las demandas y la posición de la sociedad que representamos.
Este periodo ha sido de desafíos, durante las dos legislaturas que lo conformaron se caracterizaron por obediencia absoluta de las y los legisladores del bloque gobernante a las instrucciones del presidente. Por fortuna, tras su descalabro electoral en 2021, no tuvieron mayoría constitucional, lo que impidió que se profundizara la destrucción institucional; sin embargo, sí tuvieron mayoría simple. Este hecho motivó tres cosas:
1. El quebranto y la violación de la división de poderes establecida en el artículo 49 constitucional,
2. El fortalecimiento del presidencialismo y, en consecuencia, el inicio de la reconfiguración de un modelo autoritario que creíamos superado, y
3. La dificultad para alcanzar consensos político-legislativos1
A lo largo de seis años, experimentamos la falta de diálogo y debate político y la práctica de métodos que han atentado contra el sistema normativo nacional. Atestiguamos el menosprecio y la descalificación a la división de poderes. Todo ello, parte del rompecabezas regresivo que va en camino de revertir un modelo democrático que, siendo imperfecto, fuimos construyendo junto con numerosas personas y organizaciones de la sociedad civil, desde hace ya varias décadas.
Asumí el compromiso de representar los intereses de las personas que confiaron y me otorgaron su voto. Esto implicó, como lo comenté anteriormente, acompañar sin ningún tipo de restricción las causas que buscan el ejercicio pleno de derechos, en especial, la justicia de transición y los derechos de las víctimas de la violencia en todas sus expresiones. Libremente, pudimos objetar la labor de este gobierno ocurrente, depredante, regresivo y militarizado. Votamos sin condición alguna en favor de los dictámenes que ampliaron y robustecieron derechos y libertades, así como por todos los planteamientos para acotar las brechas de la desigualdad y en contra de todo lo que significaba restricción de derechos o destrucción institucional.
Logramos abrir la tribuna y darles voz a los sin voz, a todos aquellos grupos y personas que cargan con el peso del abandono y el rezago, a las personas desplazadas internamente, a trabajadoras, defensoras de derechos humanos y periodistas, empleadas, profesionistas, migrantes, defensoras de la diversidad sexual, a servidoras públicas, y a las víctimas de todo tipo de violencia, a quienes de diversas formas se les han lastimado sus derechos.
Durante todo nuestro ejercicio legislativo y parlamentario impulsamos la participación ciudadana porque estamos ciertos de que es un componente importante para la vida democrática. Este hecho permitió hacer visible el trabajo y el esfuerzo de la sociedad civil organizada.
Actuamos en contra de las figuras jurídicas del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, contra la profundización de la militarización y la promoción del militarismo, combatimos la extinción de los fideicomisos, la impunidad y la corrupción, así como el abandono y la agresión institucional hacia las víctimas, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Le apostamos a una Guardia Nacional de carácter civil, a la renovación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá equitativo y justo; luchamos en favor de la transparencia como motor y consolidación de la democracia, de los derechos de las personas trabajadoras del hogar; por la designación de los mejores perfiles para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuestionamos el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su parcialidad política y no nos equivocamos; así también fuimos críticos de la designación de las personas titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que han sido enemigas y adversarias de las víctimas e intentamos designar los mejores perfiles para el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.
Durante los primeros años de la LXIV Legislatura fue necesario defender mi derecho como senador independiente al ejercicio de mis facultades y superar las resistencias del bloque mayoritario y de los grupos parlamentarios a la acción de un legislador independiente, incluso, para hacer uso de la tribuna. Logramos institucionalizar la presencia de senadores sin grupo parlamentario con todo el derecho de expresión en la tribuna, inclusive con participación en la Junta Directiva de las Comisiones Ordinarias, como sucedió en este caso, cuando fui designado como secretario de las Comisiones de Derechos Humanos y de Zonas Metropolitanas y Movilidad.
Además, al inicio de la LXV Legislatura, junto con las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo y Alejandra del Carmen León Gastélum y con los senadores Gustavo Enrique Madero Muñoz y Germán Martínez Cázares, logramos jurisdiccionalmente el reconocimiento, emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de nuestro derecho constitucional a la libre asociación, por lo que al interior de este Poder Legislativo abrimos el espacio para que el Grupo Plural, como instrumento de senadores y senadoras sin grupo parlamentario, expandiera derechos político-legislativos y tuviera representación con derecho a voz en la Mesa Directiva y en la Junta de Coordinación Política.
Nunca se le había dado reconocimiento a un senador o senadora independiente, ni siquiera podían formar parte de las comisiones, por lo que se trata de un logro histórico, sin precedentes, que ya forma parte de los derechos obtenidos en el Poder Legislativo.
Delineamos una novedosa articulación y coordinación con diversos grupos de la sociedad civil, víctimas, sectores sociales, expertos y académicos, con quienes realizamos esfuerzos de construcción de propuestas que significaron ejercicios de consulta directa y procesos catárticos, pedagógicos y técnico-legislativos para crear iniciativas de ley como las siguientes:
a) Expedir:
1. La Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, reglamentaria del apartado C del artículo 26 constitucional.
2. La Ley Nacional para la Prevención, Protección, Generación de Soluciones Duraderas y Sanciones en Materia de Desplazamiento Interno Forzado.
b) Adicionar:
3. un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 constitucional en materia de desplazamiento interno forzado.
4. reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
c) Reformar:
5. los artículos 76, 89 y 102 constitucionales en materia de atribuciones y funciones de la FGR.
6. diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales de personas periodistas.
7. diversas disposiciones constitucionales en materia de derechos laborales del personal de seguridad pública y procuración de justicia.
8. diversas disposiciones constitucionales en materia de derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la memoria, a la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición.
9. los artículos 14, 21 y 73 constitucionales en materia de reconocimiento pleno y cooperación con la Corte Penal Internacional.
10. diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA), de la Ley General de Educación, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Código Penal Federal, en materia de fortalecimiento del derecho de las NNyA a acceder a una vida libre de violencia y garantizar un desarrollo integral de su personalidad.
11. expedir la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del artículo 21 constitucional; reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley de la Fiscalía General de la República y del Código Penal Federal, respecto de la legislación secundaria en materia de cooperación con la Corte Penal Internacional y armonización con el Estatuto de Roma.
Con esta metodología logramos generar, presentar y defender productos legislativos que fueron legitimados con la participación y voz de los diversos sectores sociales interesados en múltiples temas, justo en un contexto en el que desafortunadamente se agudizaba, como sigue sucediendo, la inseguridad, los homicidios dolosos, los feminicidios, las desapariciones, la tortura, el secuestro, la extorsión, el desplazamiento interno forzado, el desmedido crecimiento de las redes de macrocriminalidad en más del 80 % del territorio nacional, acompañado de la corrupción e impunidad y en medio de un alarmante crecimiento político y económico perverso que el Poder Ejecutivo y la mayoría en el Poder Legislativo le han otorgado a las Fuerzas Armadas.
Por desgracia, la composición e integración de este Senado de la República no permitió que la mayoría de los esfuerzos legislativos creados con las y los ciudadanos de distintos sectores y que fueron traducidos en iniciativas con proyecto de decreto transitaran hacia su dictaminación y posterior conversión en decretos de ley; nos propusimos no presentar iniciativas insulsas, sino las que representaran, incluso como manifiestos testimoniales, las causas más relevantes de derechos y libertades.
Esta determinación y nuestra oposición a todo lo que representara la regresión, se vio castigada con la nula acción para dictaminar nuestras propuestas legislativas. Las decisiones acá se construyen con votos, y en mayor medida estos resultados nos fueron adversos, comúnmente imperó la maquinaria aplastante de una mayoría en la que en algunos casos sus propios integrantes fueron obligados a tomar posición en contra de su voluntad o ideología. En otros, la imposición o la falta de compromiso y reflexión hizo su aparición para mantener el orden de las cosas como prefiere la lógica unipersonal del presidente, que con sus acciones y narrativa sostiene e impulsa un régimen de corte autocrático “porque quieren y porque pueden”; sin embargo, en momentos como este, logramos mantener la libertad y el compromiso personal y colectivo.
La condición autoritaria que caracteriza la gestión de este régimen tiene como base su claudicación ante las instituciones militares que han tomado un papel central en la vida pública de las instituciones civiles, lo que coloca en tela de juicio la continuidad del modelo democrático. Esta ruptura del pacto cívico-militar que permitía el equilibrio de la salud política se conjuga con la crisis humanitaria y la de violencia, ergo la ausencia de paz.
Estamos claros de que más allá de dar cuenta con este informe de un proceso que concluye, estamos frente a uno que inicia y demanda retos, el principal es la construcción de la paz que necesariamente atraviesa por la implementación de un diálogo plural que incluya a la sociedad civil organizada capaz de construir un frente común que enfrente cualquier tentación autoritaria que preserve políticas públicas de seguridad sin una visión ciudadana.
Como sociedad, requerimos organizarnos para reencausar la institucionalidad civil como la expresión capaz de mantener el pacto democrático y no claudicar ante instituciones castrenses; ser freno y contrapeso del avance de disposiciones constitucionales y legales que violenten los derechos y las libertades; ser vigilantes de la transparencia y la legalidad; repensar y replantear el ejercicio de la política mexicana, así como sus formas de ser y hacer. No vamos a rendirnos, seguimos en la resistencia, el objetivo es recuperar la visión del Estado democrático y el rescate de los derechos y las libertades de todas y todos.
Durante nuestro encargo intentamos el diálogo como instrumento elemental de la política; sin embargo, ante la imposición y la traición sistemática que experimentamos desde el inicio por parte del grupo parlamentario mayoritario, así como el ejercicio del Poder Ejecutivo federal, entendimos el proceso del momento por el que atraviesa el país, que para nosotros significa una involución democrática que se traduce en un retroceso autoritario y represivo que equivocadamente pensábamos ya superado.
Las puertas del Senado de la República se abrieron para las madres buscadoras; para las y los familiares con personas desaparecidas; para los grupos y las personas defensoras del medio ambiente; para las madres y los familiares víctimas de feminicidio; para las personas desplazadas por la violencia; para las personas migrantes y para las víctimas de la violencia institucional y delincuencial contra los migrantes; para mujeres, hombres y jóvenes emprendedores; para familiares de las y los periodistas desaparecidos, asesinados o víctimas de censura o violación a sus derechos laborales y profesionales; para los pueblos y las comunidades indígenas; y para presas y presos políticos acusados de delitos del fuero común por ejercer la defensa de los derechos de sus comunidades.
Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria