Comparecencia de la titular de la SEGOB. Persiste impunidad, violaciones a #DDHH y una creciente militarización

23 de septiembre 2020.

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Violencia y seguridad

Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunció violaciones a derechos civiles y políticos, en 7 países del continente, que deben sancionarse; se refirió a México como un caso particularmente grave debido a la agudización de la violencia, mencionó enfáticamente que el uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública requiere de ser estrictamente excepcional y contar con una supervisión eficaz.

Sobre el tema de seguridad y violencia, el presidente parece vivir al margen de la realidad que priva en el país y en el ámbito internacional; por si fuera poco, los datos ofrecidos en el documento correspondiente al Segundo Informe de gobierno se caracterizan por estar ausente el reconocimiento de responsabilidades y errores.

Estimada secretaria, podría comentar:

• ¿Cuál es su opinión al respecto del señalamiento que realizó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU?  
• ¿Usted piensa que la política que se aplica en el país corrige los errores del pasado y del presente? ¿Cómo y por qué? 

Justicia transicional y Mecanismo Internacional contra la Impunidad

El 14 de septiembre de 2018, en Tlatelolco, el entonces presidente electo, Lic. López  Obrador prometió a familiares de víctimas de la violencia que la Secretaría de Gobernación se convertiría, prácticamente en la Secretaría de Derechos Humanos, pero principalmente, se comprometió a que desde ahí, las autoridades de dicha dependencia, ahora inexistente e inoperante,  desarrollarían una agenda de justicia transicional que incluyera la creación de un Mecanismo Internacional para combatir la Impunidad y una Comisión Nacional de la Verdad, entre otros elementos. Esa agenda considerara por el gobierno federal como “posible y urgente” fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Al respecto nos podría informar:

• ¿En qué estatus se encuentra la creación del Mecanismo Internacional para combatir la impunidad y una Comisión Nacional de la Verdad que el presidente de la República prometió desde septiembre de 2018 a familiares de víctimas de violencia?
• Relate por favor a esta Asamblea, ¿Cómo la Secretaría de Gobernación se ha coordinado con las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales en materia de derechos humanos para crear el Mecanismo antes mencionado?
• ¿Qué acciones ha emprendido desde la Secretaría a su cargo para cumplir con la agenda de justicia transicional que en su momento se consideró como “posible y urgente” y que fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024?

Por otra parte, en lo que va del sexenio hemos presenciado ya dos actos de disculpas públicas de funcionarios de la Secretaría de Gobernación en la que se acredita la responsabilidad directa de elementos del Ejército Mexicano. Una de ellas, la que se ofreció a Martha Camacho, desaparecida y torturada, cuyo esposo Juan Manuel fue mutilado y asesinado y su hijo torturado al momento de nacer, en la que sin duda alguna los perpetradores de dichas atrocidades fueron militares y la otra, los hechos de Acteal en que 22 indígenas tzotziles fueron asesinados, matanza que se acredita a elementos militares, por sólo mencionar, dos actos en los que se han dado disculpas y el ejército no aparece ni es la dependencia que ofrece la disculpa por la comisión de las atrocidades.  

Estimada secretaria puede exponernos:

• ¿Por qué a estos actos públicos de disculpa no asistió a ningún representante de primer nivel de la Secretaría de la Defensa? ¿Por qué no es el secretario de la Defensa Nacional el que ofrece las disculpas por atrocidades cometidas por elementos del Ejército?
• ¿Por qué siguen siendo los militares, el sector intocable y opaco al que se protege pese a que se acredita fehacientemente que hay elementos que han violentado derechos humanos? 

EL desastre humanitario de los desaparecidos y la indiferencia oficial

Según la Comisión Nacional de Búsqueda existen en el país 73 mil 201 personas desaparecidas o no localizadas, de este universo el 97% ocurrió de diciembre de 2006 a julio de 2020.

El informe se caracteriza por la ausencia de resultados en materia de desaparición de personas, éste es un flagelo social que sigue provocando dolor a víctimas directas y a familiares de manera permanente, aún durante esta gestión.

De acuerdo con declaraciones del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en conferencia de prensa del 13 de julio de 2020, en el actual gobierno han desaparecido 27 mil 871 personas, aunque aseguró que la cifra disminuyó por primera vez durante el primer semestre de 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 3 mil 679 registros entre enero y junio de 2019 a 2 mil 332 casos en el mismo lapso del presente año.

Sobre las fosas clandestinas el subsecretario Alejandro Encinas informó que en México hay al menos 3 mil 978 y de ellas se han exhumado 6 mil 625 cuerpos, de acuerdo con los registros históricos que van de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2020.

Es evidente que las organizaciones de la sociedad civil que atienden el tema de los familiares y personas desaparecidas tienen un significado asociativo importante que ha sido desestimado, invisibilizado y no escuchado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, a pesar de su compromiso, al inicio de su gestión, sistemáticamente se ha negado a recibir, platicar y atender las demandas de las madres buscadoras.  

Familiares de las personas desaparecidas integrantes de múltiples colectivos han alzado la voz y demandan a “las autoridades la búsqueda de los ausentes [exigen] a su vez que no se utilice la emergencia sanitaria por Covid-19 para cubrir la tragedia sufrida por miles de madres mexicanas”, las y los buscadores en el país mayormente organizan todas sus acciones con recursos propios.

De acuerdo con un documento de la Comisión Nacional de Búsqueda, durante el periodo de diciembre de 2018 a finales de diciembre de 2019, se contabilizaron 5 mil 184 personas desaparecidas o no localizadas; mientras que, para el primer semestre de 2020, se sumaron otras 2 mil 332 personas. 

La información de la Comisión Nacional de Búsqueda correspondiente al 6 de enero de 2020, se menciona que durante el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 se ubicaron 519 sitios con 873 fosas clandestinas, de donde se exhumaron 1 mil 124 cuerpos, de los cuales 395 fueron identificados y 243 entregados a sus familiares. 

Nos podría decir:

• ¿Qué resultados ha logrado esta administración, en este par de años, en materia de personas desaparecidas?
• ¿Por qué la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda a la fecha no ha presentado su Plan de Trabajo cuando su encargo tuvo comienzo desde febrero de 2019?
• ¿Cómo se están desarrollando las acciones inmediatas de búsqueda?
• ¿Qué gestiones que ha iniciado la Titular con instituciones de alto prestigio para allegarse de mejores herramientas para el funcionamiento de la Comisión?
• Más allá del cambio de narrativa de los hechos ocurridos respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ¿Cuál será el esquema del gobierno frente a esta tragedia aún sin respuesta? ¿Qué avances concretos tiene sobre el caso? 
• ¿Qué y cómo va a enfrentar este gobierno las demandas de la sociedad civil y los familiares de las personas desaparecidas que se están multiplicando a lo largo y ancho del país debido a la negativa sistemática que el presidente y su gobierno han manifestado frente a este sector social?
• ¿Cuándo va a iniciar la Secretaría de Gobernación el proceso de selección de la persona titular para dirigir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? 
• Con base en la experiencia reciente de selección de una persona ajena completamente a las víctimas, ¿cómo se va a realizar un proceso presencial con las víctimas de la violencia en este país para que participen directamente en la consulta a quienes se inscriban para conducir la Ceav? 
• ¿Cuál es la razón por la que se disminuyó el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas?
  1. a) Hechos violentos
• Señora secretaria nos podría explicar:
  • ¿Cómo y cuál es el planteamiento estratégico del gobierno para construir la paz, si en la vía de los hechos se continúa apostando al fortalecimiento y empoderamiento de las Fuerzas Armadas? 
  • ¿Cómo y con qué instrumentos se pretende detener la violencia epidémica? 
  • ¿Cómo está pensando usted que se va a recuperar la gobernabilidad perdida ante las redes macrocriminales que tienen tomado el territorio nacional?
  1. b) Impunidad versus derechos humanos

  Sobre la precaria situación en materia de derechos humanos México presenta un panorama crítico, este es un factor que permite entender los altos grados de impunidad en el país. Es urgente que el gobierno asuma medidas y tomé acciones contundentes para reducir los altos índices de impunidad. 

  El Índice Global de Impunidad (IGI) tiene por objeto cuantificar el problema global de la impunidad y su relación con la desigualdad, la corrupción y la violencia. El IGI 2020, desarrollo un análisis de 69 países. “México ocupa el lugar 60 de 69 países estudiados”.

  Frente a esta realidad observamos “una fuerte tendencia a un populismo punitivo que reivindica penas más fuertes y prisión preventiva oficiosa como camino para reducir la impunidad, […] sin embargo, supone reproducir ciclos de impunidad que tendrán un efecto negativo en la población socioeconómicamente más vulnerable”.

  A partir de datos oficiales registrados en los cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional se muestra que, para junio de 2020, de un total de 210,287 personas privadas de la libertad el 41%, es decir, 85,265 personas se encuentran en prisión sin contar con una resolución jurídica. 

  El crecimiento de las tasas de encarcelamiento en prisión preventiva ha sido dispar entre hombres y mujeres durante 2020. Mientras que, en el caso de las mujeres, la tasa de encarcelamiento entre enero y junio aumentó en un 16%, en hombres, el aumento fue del 12.5%.

• Dicho lo anterior, podría responder lo siguiente:
  • Frente a la violencia e impunidad que vive el país, ¿qué otra estrategia va a aplicar este gobierno para sustituir la formula militarista de la seguridad a pesar de los resultados contradictorios que observamos en el pasado y continúan en el presente?
  • Tiene usted plena conciencia de tanto los organismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han declarado que el uso de la prisión preventiva oficiosa es un acto ilegal y arbitrario que afecta directa y gravemente los derechos humanos, violenta el principio de presunción de inocencia, el debido proceso y viola no sólo la Constitución sino también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos . Explíquenos ¿Cuál es su posición respecto a esta medida que generaliza la excepción? declaratoria? 
  • La prisión preventiva oficiosa, como política punitiva, no es una solución real para combatir los altos niveles de violencia que se desarrollan en el país, ¿Explíquenos por qué el gobierno federal ha propuesto una medida que criminaliza a las personas económicamente desfavorecidas?
• Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en México desde 2006, en el marco de la guerra contra el narcotráfico
• 1. a) Tortura

  En cuanto a la tortura el presidente, en su Segundo Informe de gobierno señaló que este mal enquistado en el país se había erradicado. Sin embargo, en el periodo de enero a junio de 2020 y de acuerdo con el sistema de Alerta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos da cuenta de un registro de 10 quejas, a saber:

  1. 6 quejas en contra de: la Fiscalía General de la República y la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana; 
  2. 2 contra la Secretaría de Marina; 
  3. 1 contra la Guardia Nacional; y 
  4. 1 contra la Secretaría de la Defensa Nacional
• Garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos sean investigadas de manera pronta e imparcial por un órgano independiente;
• Velar por que las autoridades inicien de oficio una investigación siempre que haya motivos razonables;
• Velar por que los presuntos autores sean suspendidos de sus funciones de forma inmediata y durante toda la investigación;  
• Facilitar el acceso de las víctimas a la justicia;
• Garantizar que los presuntos autores y sus superiores responsables de ordenar o tolerar las torturas sean enjuiciados debidamente y, de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos.
• 
  Secretaria por lo anterior, nos responde lo siguiente:
  • ¿Qué elementos nos puede proporcionar para verificar que tal como lo dijo el presidente de la República en su mensaje por el segundo informe de gobierno, la tortura en México se ha erradicado?
  • En función de lo anterior, díganos por favor: el número de casos en los que se ejercitó la acción penal, de los procesos judiciales y de los procedimientos disciplinarios abiertos.
  • ¿Qué medidas ha tomado desde la Secretaría a su cargo, para cumplir con las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura?
    1. c) Masacres
    2. ¿Cómo van a construir una verdadera coordinación entre la oficina presidencial, la SEGOB, los gobiernos estatales y por qué no los gobiernos municipales a fin de que en los estados se coordinen las funciones con el mecanismo y más trascendente aun para que los estados de la federación cumplan sus funciones de prevención y protección?Al respecto, nos podría decir:
       1. ¿Qué medidas se han tomado desde la Secretaría a su cargo para para fortalecer el mecanismo de protección de periodistas?
       1. ¿Qué medidas concretas se han adoptado para reducir los niveles descontrolados de violencia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos?
       1. ¿Cuándo va el gobierno federal a otorgar la atención necesaria, la importancia, los recursos materiales, humanos y económicos al mecanismo?

Descalificaciones del presidente López Obrador a organizaciones de la sociedad civil

• • Desde el inicio de su sexenio, en sus conferencias de prensa matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado a la sociedad civil organizada, y ha afirmado que ninguna OSC recibiría ya dinero del presupuesto público.En este sentido ha referido que: “había la mala costumbre de que, del presupuesto, se transfirieran fondos a organizaciones sociales y no había transparencia, que todo lo que es sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo, hasta los grandes consorcios promueven a la sociedad civil”Frente a estas afirmaciones, las organizaciones emitieron un pronunciamiento, mismo en el que pidieron diálogo con el presidente y que “reconsiderará sus disposiciones administrativas, pero sobre todo sus juicios, para que las OSC tengan certezas y cuenten con recursos para el desarrollo de sus proyectos y procesos a favor de las causas por las que se han movilizado.Nos puede exponer:
    • ¿Cuál es la relación que tiene actualmente el Gobierno con la sociedad civil, sobre todo a la luz de los desafortunados comentarios y las descalificaciones que el presidente ha realizado en contra de las mismas?
    • ¿Desde la Secretaría a su cargo, qué medidas se están realizando para entablar diálogo y coordinación con las organizaciones de la sociedad civil?
    • ¿Cuál es su percepción sobre los hechos ocurridos en torno a las acciones de ocupación de los inmuebles de la CNDH y de algunas sedes estatales de ddhh? ¿Cómo va a enfrentar este descontento el gobierno federal? ¿Qué plan de acción tiene la autoridad para solucionar este problema.

Rompimiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores

Aunque es sabido que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no tiene ningún sustento legal, durante casi 20 años, había logrado generar mecanismos de coordinación temática y, sobre todo,

política, entre las entidades federativas, por lo que la reciente ruptura de un grupo de gobernadores que se asumen como una alianza federalista para enfrentar las políticas del gobierno del presidente López Obrador, manda un mensaje importante de la ausencia de operación política de la Segob.  

Ya habíamos dado cuenta de que la Secretaría de Gobernación se convirtió, a raíz de la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 2018, en una dependencia casi vacía, pero nunca previmos la profunda incapacidad de quienes asumieron su conducción para hacerse responsables de la conducción política del país en momentos de crisis concurrentes. 

La decisión del titular del Ejecutivo federal de eliminar algunas subsecretarías, entre ellas, la subsecretaría de Gobierno de la propia Segob, destapó con la salida del Subsecretario Peralta del control de los casinos, una situación de probables irregularidades y actos de corrupción de quienes estaban como responsables de dicha área de sorteos y casinos bajo el mando del subsecretario saliente.  

Estimada secretaria puede exponernos:

• ¿Qué significa para el gobierno federal la fractura de la Conago bajo el argumento de la defensa del Pacto federal en el contexto de lo que debería de ser la construcción de espacios políticos de coordinación para promover y mantener la gobernabilidad en el país?
• Explíquenos ¿Cuál es su percepción de la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 2018, en términos de la estructura que ahora tiene la Secretaría a su cargo para enfrentar la conducción del país en un momento de confluencia de las crisis: económica y de salud?
• Díganos ¿Qué piensa sobre la posible existencia de corrupción en el área de sorteos y casinos? y ¿Cómo va a enfrentar este hecho desde su cargo como titular de la Secretaría de Gobernación?   

Índice Global de Impunidad

El objetivo del Índice Global de Impunidad (IGI) es cuantificar el problema global de la impunidad y su relación con la desigualdad, la corrupción y la violencia.

El IGI 2020, desarrollo un análisis de 69 países. “México ocupa el lugar 60 de 69 países estudiados. En la edición de 2017, ocupó el lugar 66 de 69 y en el igi-2015 obtuvo el lugar 58 de 59 casos estudiados”.

Cabe destacar que, los ligeros movimientos en el cambio de posición de México no responden a mejorías por acciones implementadas, sino que son producto del deterioro de las condiciones de otros países.

De acuerdo con los resultados del IGI 2020, es urgente que el gobierno asuma medidas y tomé acciones contundentes para reducir los altos índices de impunidad. Una de las recomendaciones es “dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia. Estos recursos deben reflejarse en un aumento de sus capacidades humanas, infraestructura y profesionalización”.

Estimada secretaría:

• La estructura del sistema de seguridad, muestra que en México existen 347.76 policías por cada cien mil habitantes, de acuerdo con las cifras del IGI 2020, México está por encima los países estudiados ¿Por qué el gobierno al que usted representa no apuesta por la profesionalización de la policía? ¿Le parece que es más efectivo mantener a las FFAA realizando labor de seguridad pública a pesar de los resultados que muestran una espiral de violencia cada vez más aguda? 

• Sobre la precaria situación en materia de derechos humanos México presenta un panorama crítico ¿Cómo va a resolver el gobierno al que usted representa este fenómeno que es materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos?

• México debe mejorar las capacidades del sistema de procuración e impartición de justicia, ello resulta indispensable para reducir niveles de impunidad extremadamente altos ¿Le parece a usted correcto que el gobierno implemente la lógica del derecho del enemigo que plantea prisión preventiva oficiosa no como excepción sino como generalidad?

NOTAS DEL POSICIONAMIENTO DEL SENADOR ÁLVAREZ ICAZA EN POLITICA INTERIOR

1.  ¿Qué México queremos? ¿Qué patria, qué Patria queremos construir? ¿Qué patria está en la propuesta presidencial que usted representa?
2. No queremos defender un pasado indefendible, pero queremos preguntarle ¿qué país están ustedes construyendo? Si la impronta hasta el momento es la destrucción de todos los avances en materia de derechos plenos y del ejercicio de estos derechos.
3. Más allá del resultado de las urnas de 2018, que indiscutiblemente dieron al presidente López Obrador una votación histórica, sí hay una diferencia notable entre lo que el presidente López Obrador tuvo como votación a lo que Morena tuvo como votación en el Legislativo, ¿cuál es su opinión de que Morena haya obtenido 37 % en la urna, pero ahora tenga 41% sumando a sus aliados y comprando voluntades?
4. ¿Cree usted que el resultado en las urnas sea la única representación política?, por eso, el presidente descalifica a todo sector empresarial, político, social que lo cuestiona.
5. ¿Estamos viviendo una transición democrática? O una ¿transición autoritaria y regresiva? 
6. Estamos poniendo en alerta los focos rojos y riesgos. Estamos ante el dilema de la gobernabilidad democrática, la normatividad democrática, porque la urna del 2018 es una foto, no es un video, y es el ejercicio de gobierno y la construcción de la cosa pública de todos los poderes y de todos los órdenes de gobierno el que obliga a esa construcción de futuro.
7. La verdad de las cosas es que tenemos que subrayar que en partes importantes de nuestro país continúa la ausencia del Estado, hay un fenómeno alarmante de incremento de violencia e inseguridad, de empoderamiento de las redes macrocriminales y la verdad de las cosas es que sólo tenemos la respuesta fallida de la militarización.
8. De manera increíble, hubiéramos esperado que este gobierno abrazara otro paradigma, así se dijo, pero de manera inesperada este presidente ha optado por una ruta de militarización que ya ha demostrado su fallo en el pasado.
9. También de manera increíble se ha abrazado como fórmula más cárcel, el crecimiento de la prisión preventiva oficiosa; tenemos más feminicidios en todo el país y sin ninguna acción positiva del gobierno, ni siquiera el reconocimiento del problema.
10. También había una enorme expectativa de las víctimas sobre este gobierno, incluso muchas víctimas votaron por Andrés Manuel López Obrador, pero el desastre humanitario de la desaparición de este país está respondiéndose con indiferencia, con ineficacia y con pequeñez. La política pública que se requiere para atender ese drama humanitario está muy lejos de ser lo que se requiere.
11. El índice global de impunidad coloca a México en el lugar 60 de 69, el índice global para la paz coloca a México en el lugar 137 de 163.  Esto significa que ya empieza a acabarse el tiempo para sólo culpar al pasado y ya va corriendo la cuenta de la responsabilidad del actual gobierno que usted representa.
12. Quiero advertir de la conflictividad social que está en marcha:

1.  El lunes 14, en Tila, Chiapas hubo cuatro personas muertas por un conflicto con ejidatarios y paramilitares.
2. La Boquilla, Chihuahua es ahora un foco tremendo, una mujer asesinada y hay incluso la amenaza de la Guardia Nacional con un desalojo.
3. La hidroeléctrica de Huesca, en Morelos es ya un polvorín con campesinos, que quieren evitar que inicie la obra que el presidente dijo que no se construiría y ahora quiere construir.
4. En Chenalhó, Chiapas, se están denunciando intensos ataques de grupos paramilitares.

1. La indiferencia gubernamental a las demandas de las colectivas feministas y a las víctimas de la violencia, generaron la ocupación de las oficinas de la CNDH, lo cual constituye un foco rojo que tiene que atenderse.

Dijimos en su momento que la Secretaría de Gobernación, con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, se estaba convirtiendo en un cascarón inoperante políticamente, esta disminución ya muestra las consecuencias, porque se está olvidando de la política, se está olvidando de la operación política y el costo, el incremento del conflicto social está a la vista.

En relación con la consulta popular propuesta por el Ejecutivo federal para juzgar a los expresidentes, un grupo de actores de la sociedad civil ha puesto una señal de alerta fundamental.  Ninguna consulta válida sobre la comisión de delitos puede adelantar juicios sumarios ni puede ser sólo por corrupción, haciendo a un lado las violaciones graves a los derechos humanos. 

El 68, el 10 de junio, la guerra sucia, Aguas Blancas, Acteal, El Charco, Las Moras, Coatzacoalcos, Minatitlán, 75 mil desaparecidos, no podemos hacer a un lado las graves violaciones a los derechos humanos en la revisión del pasado ni las del presente.

Las organizaciones de la sociedad han dicho sí a una consulta popular con la pregunta correcta: 

¿Está usted de acuerdo con que el presidente de la República active los mecanismos necesarios dentro de sus facultades para que, con la ayuda de la ONU, se investigue y juzgue a los responsables de los crímenes atroces perpetrados contra el pueblo mexicano, a la par de la creación de una Comisión de la Verdad?

Esta es la pregunta que cumple con los estándares constitucionales e internacionales.  Esta es la pregunta que no violenta el principio de presunción de inocencia ni el derecho al debido proceso.

1. El desgaste es innegable, llevamos año y medio de gobierno. Con todo respeto, señora secretaria, no se confundan, no se autoengañen, el dilema es la construcción de una transición democrática.

No se puede seguir atacando a todas las personas, a todos los sectores, con los que el presidente no está de acuerdo, atacando la libertad de expresión a los periodistas, atacando a la sociedad civil, atacando a las feministas, atacando a los ambientalistas, atacando a las víctimas de la violencia. Así no se construye una transición democrática.

1. Necesitamos que el presidente lidere un nuevo pacto democrático, necesitamos que se le diga al presidente cuando no está bien; necesitamos que se les diga a los gobernadores cuando se equivocan; necesitamos que la oposición asuma también ese compromiso y deje de defender lo indefendible. Necesitamos construir un horizonte democrático.