3er Informe legislativo

P R E S E N T A C I Ó N

Como senador de la Ciudad de México (cdmx), sin grupo parlamentario y políticamente independiente, presento el Tercer Informe Legislativo en atención a los principios de rendición de cuentas y transparencia. Éste da cuenta del cumplimiento de la obligación legal y, al mismo tiempo, atiende a un compromiso que por convicción personal y de equipo se asume como principio básico del desempeño de la representación popular.

Éste es un informe colectivo y colaborativo, producto de un trabajo conjunto, tanto como integrante de la Iniciativa Ciudadana Ahora como del grupo de colaboradores en el Senado de la República, del que me siento orgulloso de formar parte y que, aun siendo reducido, es por demás profesional y comprometido. Dado que no pertenecemos a un grupo parlamentario, todas las acciones legislativas, parlamentarias y de gestión tienen que ser atendidas y resueltas por este equipo. Quisiera comentar que las cuatro ocasiones que he hecho viajes al exterior no han sido porque me hayan comisionado por parte del Senado en mi calidad de secretario de dos comisiones, sino con recursos propios.

Si bien el Tercer Informe Legislativo refiere a las labores realizadas del 1 de julio de 2020 al 31 de agosto de 2021, éste también documenta los trabajos efectuados a lo largo de toda la lxiv Legislatura, por ser éste el año de cierre y conclusión de la misma, de manera que se encontrarán aspectos específicos del año, pero sobre todo una valoración de carácter general de lo realizado en la Legislatura. 

En lo específico, este tercer y último año de labores de la lxiv Legislatura estuvo marcado por una serie de situaciones globales y nacionales muy críticas que hicieron de él un año muy especial y, a la vez, como tercer y último año de la Legislatura, permite ya hacer una evaluación y reflexión de estos tres años como un primer balance del camino que ha tomado el país y su correlato legislativo. 

Por una parte, el periodo que se informa estuvo acotado por el tremendo impacto sanitario, económico y social ocasionado por la pandemia del virus sars-CoV-2 que provoca el covid-19, enfermedad manejada negligente e ineficazmente por el actual gobierno y que exhibió descarnadamente las debilidades del sistema de salud y de nuestra estructura económica como país, que ahondaron las desigualdades sociales, ya de por sí alarmantes.

Por otra parte, en este mismo periodo se han tomado decisiones de orden legislativo y de política pública que han afectado gravemente el ejercicio pleno de los derechos humanos y de las libertades de las personas. Hay otros temas críticos de los que daremos cuenta, pues algunas de estas decisiones tuvieron en el Senado de la República en particular, y en el Congreso de la Unión en general, un escenario principal que obliga a una ponderación seria, no sólo a la luz del proceso vivido, sino también para el análisis histórico de este periodo de regresión e involución democráticas. 

Otro evento primordial fue el proceso electoral de 2021, el más grande de nuestra historia en cuanto a los puestos de elección popular en disputa. Se quiera o no aceptar, la elección en la Cámara de Diputados a nivel federal constituyó, de facto, una evaluación al gobierno de la República. 

No cabe duda de que el país ya cambió. La distancia entre lo que se ofreció y lo que se cumplió es de tal magnitud que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene hoy una nueva integración y correlación de fuerzas. La composición de la Cámara baja es diferente, la dinámica ha cambiado. La coalición gobernante no tiene ya la mayoría para hacer reformas constitucionales ni para algunos nombramientos, lo que obliga a dialogar y a rotar los órganos de gobierno y representación. La nueva conformación conlleva una flamante mecánica parlamentaria. En el Poder Legislativo federal, la gente de México optó por contrapesos y límites. 

Sólo la soberbia puede desoír ese fuerte mandato e incluso cometer el grave error de traducir ese mensaje en cerrazón, represión y violencia, como vergonzosamente sucede en la Ciudad de México, donde el gobierno local reproduce lo peor del México autoritario en su relación con los gobiernos de las alcaldías, que en su mayoría están representados por la oposición. 

En otro orden de ideas, por su trascendencia, impacto y significado, hay algunos procesos que se deben señalar y analizar en particular. Algunos de ellos tienen un especial impacto en la vida nacional y deben repasarse profundamente. Mencionaremos algunos de éstos.

Continuación y profundización de la militarización

Uno de los procesos que más preocupa, por su acaso irremediable profundización y por la regulación constitucional y legal que se ha ido impulsando por el actual gobierno y sus grupos parlamentarios en el Congreso, se refiere al de la militarización en marcha y su consolidación. Esto es muy grave esencialmente porque se avanza de manera sostenida y firme en el desplazamiento y la sustitución de autoridades e instituciones civiles en la vida pública del país por instituciones bajo el encargo de los militares, ya sea en activo o en retiro. Ello está blindando aún más el modelo de participación de las Fuerzas Armadas (ffaa) no sólo en seguridad, sino también en múltiples sectores de la acción pública del país. 

Éste es un problema mucho mayor que sólo el carácter de la Guardia Nacional (gn). Se refleja en muchos ámbitos y dimensiones de la gestión gubernamental. Increíble e inesperadamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha optado por dar al Ejército y a la Marina una enorme cantidad de tareas nuevas, para muchas de las cuales no sólo no tienen atribuciones por ser labores de instituciones civiles, sino tampoco formación ni capacidad. Desde el México posrevolucionario no se había observado un fenómeno de tal naturaleza ni magnitud. Quien ofreció regresar a los militares a sus cuarteles los tiene más fuera de ellos que en décadas anteriores y con más presupuesto, más labores y más poder. 

Paulatinamente, en lo que va de gobierno, hemos sido testigos de un desplazamiento sistemático, continuo y de cesión de las entidades civiles ante las ffaa. Según informa la Plataforma de Proyección de Datos Abiertos1 en una investigación del Inventario Militar, a la fecha se han asignado 246 (140 sin ninguna información sobre el presupuesto programado) tareas civiles a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), 138 federales y 109 locales, la mayoría mediante la firma de convenios, entre ellas: control migratorio, construcción y futura administración de los aeropuertos General Felipe Ángeles, el de Tulum y de varios más; la construcción de 2,700 sucursales del Banco del Bienestar; la distribución de libros de texto gratuitos; la entrega de fertilizantes; la administración de aduanas; la militarización de la educación naval mercante y la administración militar de puertos mercantes; la construcción parcial y la futura administración del Tren Maya; la operación y administración de hospitales para la atención de la emergencia sanitaria producto de la pandemia por covid-19, la reubicación de dos juzgados en Chilpancingo, entre muchas otras. Ello sin referir al sistemático desplazamiento de personal civil por personal militar, tanto en áreas de seguridad como de justicia, lo que, si bien inició en sexenios anteriores, en éste no sólo ha continuado, sino que también se ha agudizado, contrario a lo ofrecido. La opacidad de estas acciones, sin auditorías ni supervisión, bueno, hasta sin información, es fuente de corrupción y alarma. 

Estas medidas, junto con la anunciada propuesta presidencial de reforma constitucional para que la gn sea un destacamento más del Ejército, constituyen una visión autoritaria y militarista. De hecho, fue la propuesta presidencial que modificó el Senado, sin resultado efectivo en el no uso de las ffaa en tareas de seguridad pública. 

El impacto de estas medidas y otras serán de largo alcance en la vida del país, el quiebre de la relación cívico-militar y un riesgo mayor para nuestra vida democrática y civil, por eso, es de mi interés destacar, hasta ahora, el silencio e inacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), que no ha entrado en la discusión de fondo y resolución sobre 4 acciones de inconstitucionalidad, 5 controversias constitucionales y 2 amparos2 que se han presentado como recursos legales para detener la inconstitucionalidad de la actuación de las ffaa en la seguridad y la vida públicas en nuestro país. 

Violencia y seguridad

Se ha tenido un particular desafío en el ámbito de la seguridad y el combate a la violencia. Vivimos los peores indicadores de violencia en diferentes aspectos, la inseguridad no cede y, de hecho, la pandemia agudizó aspectos como la violencia familiar en contra de mujeres, niñas, niños y población lgbtiq+. 

La violencia ha ido creciendo epidémicamente, profundizando la crisis de derechos humanos, por lo que es preciso señalar que las acciones gubernamentales no han sido eficientes ni suficientes para detener el deterioro; incluso muchas de ellas han contribuido a este estado de cosas debido a la protección de los pactos de impunidad que han construido las redes macrocriminales.

Acerca de los indicadores de violencia extrema, algunos de ellos son de alarma. En lo que va de este gobierno, suman cerca de 100,000 homicidios dolosos; para diciembre de 2018, la incidencia delictiva era de 152,398; en septiembre de 2019, de 171,040; en septiembre de 2020 se redujo a 161,125, pero para julio de 2021, a tan sólo seis meses, ya era de 170,067 casos. 

La violencia contra las mujeres es otro ejemplo de ello: durante 2020, a pesar de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, las cifras sobre su seguridad no fueron nada alentadoras. Del total de víctimas, 413,190 registradas en el país, 97,778 eran mujeres (31%); de este universo, 57,493 mujeres (58.8%) fueron víctimas de lesiones dolosas; 2,786 sufrieron homicidio doloso y 940 fueron víctimas de feminicidio. 

A casi tres años de la gestión del gobierno actual, los delitos de extorsión, robo, violencia familiar y trata de personas, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no sólo no se han logrado contener, sino que han aumentado. Un fenómeno similar sucede con lo relacionado a la violencia, incluso fatal, en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, particularmente del medio ambiente. Esta impunidad generalizada, aunque no inició con el gobierno actual, sigue siendo uno de los sellos más representativos. 

Desde este panorama, lejos quedó un modelo de seguridad ciudadana, ya ni siquiera en las palabras, menos aún en las acciones, conceptos y programas. En la Estrategia Nacional de Seguridad no se menciona ninguna vez el concepto de seguridad ciudadana, tan sólo por poner algún ejemplo central e indicativo. La equivocada y punitivista fórmula de reducción de derechos a cambio de la oferta de más seguridad sigue vigente, por más que se diga cada mañana lo contrario.

Justicia

Un tema que merece especial mención es el que se refiere a la justicia. México sufre la vigencia de los pactos de corrupción e impunidad que, si bien la mayoría de ellos se conformaron en el pasado, aún siguen vigentes y, lo peor, se han constituido nuevos con quienes integran el actual núcleo gobernante. 

En el periodo que nos ocupa se experimentaron fuertes cambios en la institucionalidad y marco legal tanto de la Fiscalía General de la República (fgr) como del Poder Judicial federal.

En el primer caso, pese a insistentes señalamientos de diversos colectivos de la sociedad civil y de víctimas, se expidió una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía que traicionó y, de hecho, daba marcha atrás al modelo de fiscalía independiente y autónoma mandatado por la reforma constitucional de 2014, expresada limitadamente en la Ley Orgánica (ahora abrogada) consensuada por importantes integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación –que se negaron entonces a la reforma constitucional del apartado A del artículo 102 para garantizar plena autonomía– con los colectivos #VamosXmás y #FiscalíaQueSirva, en 2018. 

Adicionalmente, si bien se logró modificar la pretensión inicial de sacar a la fgr de varios sistemas nacionales, también es cierto que se hizo a un lado la participación de las víctimas en diferentes partes del proceso ministerial y judicial. De manera inverosímil, la mayoría legislativa de Morena votó a favor de estos cambios bajo protesta, con los cuales no sólo se desperdició una oportunidad extraordinaria de armonizar la Ley de la Fiscalía acorde con los cambios constitucionales en esta materia en los últimos 10 años, sino que también se sentó el peligroso precedente de que las fiscalías estatales repliquen este modelo regresivo. Todo ello demuestra que la fiscalía autónoma no es más que una falacia que sirve como coartada del uso político de la procuración de justicia federal. 

En lo concerniente al nuevo marco constitucional y legal del Poder Judicial y diversos ordenamientos, es de subrayarse que se optó por un modelo de mayor concentración de poder en la presidencia tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Consejo de la Judicatura Federal (cjf), lejos de la colegialidad y los controles democráticos que deben prevalecer en un poder de esa naturaleza. De hecho, se llegó a la extrema y muy preocupante experiencia de intentar, inconstitucional e ilegalmente, alargar la duración de la presidencia de la scjn y de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal con el mañoso argumento de la lucha contra la corrupción y la garantía de la implementación de la reforma judicial, menospreciando al conjunto de ministras y ministros y a todo el sistema jurisdiccional. Podemos señalar que, si bien esta intentona golpista a la Suprema Corte no se consolidó, no deja de preocupar la forma y el fondo de estas reformas, así como la indebida actuación de quien preside la Corte y del presidente de la República. 

Este gobierno no ha entendido la dimensión del colapso institucional del sistema de procuración y administración de justicia ni de la impunidad estructural que lacera a nuestro país; mucho menos de la oportunidad de construir mecanismos ordinarios y extraordinarios para su superación. 

La propuesta de mecanismos extraordinarios de justicia transicional para lograr verdad, justicia, memoria, reparación integral y medidas de no repetición, que contribuyan con la justicia ordinaria, quedó sólo como promesas y ofertas de campaña, pues se optó una vez más por dar la espalda a las víctimas, a sus colectivos, sus propuestas, sus luchas y sobre todo a su dolor y exigencia de “¡Vivos y vivas se las llevaron, vivas y vivos los queremos!”.

Derechos humanos

En la agenda de derechos humanos requieren mención al menos tres puntos adicionales: 

1. La dramática situación que se vive en materia migratoria en México. Nuestro gobierno decidió por la vía de los hechos convertirnos en el muro de Trump empleando a la gn, el Ejército y el Instituto Nacional de Migración (inm) como estructuras diversas y simultáneas de contención, detención y deportación masiva de personas migrantes centroamericanas, haitianas y de otras nacionalidades. Aun en plena pandemia, los operativos de deportación y abandono de migrantes en la frontera no se detuvieron y hemos visto actos de brutal violencia en contra de jóvenes, mujeres y niños. 

El gobierno de México ha decidido abandonar la política de solidaridad para abrazar la doctrina de la seguridad nacional y tratar a las personas migrantes como delincuentes, en una abierta negación a nuestros principios y contradiciendo lo que pedimos para nuestros connacionales en los Estados Unidos de América (ee.uu.). Es realmente vergonzoso ver el trato que se da a las personas migrantes, así como el abandono a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que en una época lejana dio una muestra de liderazgo mundial en la atención al refugio guatemalteco durante la Guerra Civil. Decenas de miles de migrantes son abandonados en la fronteras norte y sur en lo que es ya una gran crisis humanitaria. En términos generales, la mayoría legislativa de Morena y sus aliados en el Senado han propiciado una actitud cómplice mediante la pasividad e inacción, desdeñando la atención a las facultades constitucionales que se otorgan en la materia a la Cámara de Senadores. 

1. El desfonde de las instituciones encargadas de la protección a los derechos humanos, a las víctimas y las personas defensoras y periodistas. El rebase, debilitamiento, inacción y/o sumisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav), el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas (Mecanismo) y la Comisión Nacional de Búsqueda (cnb) llega a niveles alarmantes. La cndh está totalmente desaparecida; la ceav lleva más de un año acéfala; el Mecanismo vive momentos sin precedentes de limitación y rebase, e incluso han sido asesinadas personas bajo su protección; y la cnb se encuentra completamente rebasada ante una situación estructural que hace ver sus esfuerzos, algunos de ellos sin duda valiosos, muy lejos de lo que se requiere. A esto hay que su-mar el debilitamiento extremo de la capacidad de la Secretaría de Gobernación (Segob). 
2. Se observa cómo languidece y se erosiona la política pública que atiende a personas con discapacidad; personas en situación de desplazamiento interno forzado; niñas, niños y adolescentes; mujeres víctimas de violencia y población indígena. Las instituciones encargadas de su atención, más allá de las mencionadas arriba, están absolutamente disminuidas, empequeñecidas, en algunos casos sin titular, como el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadis), con presupuestos reducidos, y han abandonado los trabajos conjuntos con la sociedad civil, los cuales han sido cancelados y bloqueados. 

 
Es obligado señalar la situación específica tanto de periodistas co-mo de personas defensoras de derechos humanos. La violencia contra la prensa es generalizada en el país; de acuerdo con Artículo 19, en lo que va de 2021 se han registrado 362 agresiones contra periodistas, entre las que existen intimidaciones, hostigamientos, amenazas, ataques físicos y uso no legítimo del poder público; cada 12 horas se registra una agresión contra la prensa. Es evidente que en este gobierno la violencia y la inseguridad contra este sector continúa, lamentablemente azuzada desde el espacio privilegiado de las conferencias mañaneras presidenciales y sin visos de que pueda revertirse.

A ello se le han sumado los ataques provenientes de las redes sociales y que constituyen nuevos linchamientos sociales y dinámicas de riesgo para quienes piensan distinto o cuestionan de alguna forma tanto la narrativa oficial como al titular del Poder Ejecutivo federal, quien con el argumento del uso de su derecho de réplica realiza peligrosos abusos desde el poder y contribuye directa e indirectamente a la polarización que incrementa el riesgo en contra de periodistas, medios y organizaciones civiles especializadas en libertad de expresión. 

Las personas defensoras de derechos humanos en México siguen experimentando un ataque impune. Desde la entrada del gobierno actual, los altos niveles de violencia contra personas defensoras se han agravado e incentivado a partir de las descalificaciones presidenciales hacia quienes defienden derechos desde la sociedad civil, violentando ese derecho. 

Los ataques a personas defensoras y, en particular, a defensoras del territorio y el ambiente se han incrementado de manera grave. En el periodo de 2012 a 2020 hubo 83 asesinatos perpetrados contra ambientalistas, es decir que, de los 499 ataques sucedidos en este lapso, 17% se convirtió en homicidio. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) manifestó que en poco más de 40% los responsables fueron funcionarios locales, policías y guardias nacionales; mientras que en otro 40% de los casos no se denunció al agresor, un hecho que no sorprende en un país donde casi 90% de los homicidios queda sin resolver y se vive una impunidad crónica y sistemática. 

Si bien a lo largo de estos tres años se han registrado algunos avances en materia de democracia social, tales como el reconocimiento de derechos de diferentes grupos de la población, la inclusión de programas sociales en la Constitución o los avances en materia de paridad de género, entre los más destacados, simultáneamente se han observado constantes avances hacia la mayor militarización de la vida del país y la reimplantación del modelo más autoritario de la época priista. Hemos sido testigos de una mayor concentración de poder en la presidencia de la República en atribuciones, decisiones y presupuestos. Hoy, el aumento de la discrecionalidad en el manejo presupuestal, las contrataciones públicas sin licitaciones y la falta de reglas de operación y transparencia en programas multimillonarios son sólo algunos de los ejemplos que generan una gran preocupación. 

Lo que se ve en su conjunto es el armado paulatino, sistemático y constante de un rompecabezas que deja ver un entramado cada vez más autoritario de la seguridad y de la sociedad. Un conjunto de piezas separadas que al empezar a unirse van formando un todo de preocupante corte autocrático. 

Por supuesto, hay un pasado indefendible. Los poderes públicos prohijaron el crecimiento y la reproducción de la corrupción institucional, la pobreza, la desigualdad estructural y los pactos de impunidad que protegen toda clase de redes macrocriminales, justo por eso era obligado que el cambio tuviera un fuerte acento democrático en formas y fondos. Hoy no vemos una ruta que consolide la normalidad democrática, sino un preocupante modelo de gobierno más cercano a la concentración de poder y el hiperpresidencialismo militarizado. 

A nivel internacional, hay una profunda reflexión sobre la democracia, sus reglas y sus instituciones. En esta discusión, México llama particularmente atención, pues es uno de los ejemplos del acceso al poder de un movimiento opositor por vías democráticas y, a la vez, la paradoja de revertir avances de la democracia, sus reglas e instituciones una vez en el poder. Todo ello en el marco de una demagogia de lucha contra la corrupción y del ejercicio de una supuesta honestidad, lo que lo hace peor y más difícil de contener por los tradicionales equilibrios democráticos. Lamentablemente, los dilemas de la democracia no se están resolviendo con su consolidación, sino a partir del fortalecimiento de gobiernos cada vez más autoritarios. 

Finalmente, no quiero dejar de agradecer a todo el equipo con el que he trabajado este periodo: la maestra Eliana García Laguna, como jefa de Oficina; Hugo Morales Galván, coordinador de Comunicación Social; Dolores Martínez Ray, coordinadora administrativa; Edgar Arriaga Laguna, José Luis Macías Guerrero, Claudia Tamez Torres, Sergio González Cárdenas, Mariana Domínguez Fernández, Mauricio Bautista Toribio, Elsa Alejo Bustos, Rubén González Cruz, Jimena Gómez Sánchez, Adriana López Blanco, Tere Herrera Arellano y Andrea Rangel Victoria. También agradezco y reconozco los apoyos de Alberto Nava, Bárbara Lara, Arturo Toraya y César Sánchez Farfán, así como a aquellas y aquellos que nos ayudan de una manera u otra en el cumplimiento de nuestro mandato. 

Agradezco por igual a mis colegas senadoras y senadores con quienes, en acuerdo o desacuerdo, cada quien en defensa de lo que cree y considera, dimos vida y forma a esta lxiv Legislatura que termina. En particular, quiero agradecer a todo el personal del Senado en sus distintas áreas, que de manera profesional y comprometida hace posible la realización de nuestro trabajo.

Un agradecimiento y reconocimiento especial para mis compañeras y compañeros de la Iniciativa Ciudadana Ahora, quienes me han acompañado desde esta representación ciudadana en las luchas y sueños. En ocasiones, no contar con un grupo parlamentario hace más difícil el trabajo legislativo; sin embargo, su compañía y visión no sólo lo hacen llevadero, sino con el mayor sentido posible y esperanzador. 

La compañía, el apoyo y la retroalimentación de mi familia han sido fundamentales en estos años. Mi gratitud inmedible a mi esposa Raquel, mis hijas Guadalupe y Luisa, y mi hijo Jesús. Gracias por siempre estar, así como a mis amorosas familias extendidas y amigas y amigos que siempre acompañan mi caminar. 

Justo para el sentido mismo y la realización de este informe de trabajo, el acompañamiento, la colaboración y la confianza de incontables organizaciones sociales y civiles, víctimas y colectivos de víctimas, sindicatos, expertos y académicos y un sinnúmero de actores y luchadoras y luchadores sociales, ha sido fundamental. Nuestro trabajo ha sido para dar voz a sus demandas y propuestas, y juntos y juntas constituir una resistencia democrática, no sólo en el Senado de la República o en las redes sociales, sino también en calles, pueblos y cada lugar donde la lucha por la vigencia de los derechos y libertades se tenga que dar. Muchas gracias a todas y todos ellos, mi agradecimiento y reconocimiento. 

Para terminar, agradezco a las y los habitantes de la Ciudad de México por su confianza. Todos los días valoro como el más alto honor su representación. Mis capacidades, luchas, experiencias, talentos, fuerzas y visiones están puestos a su servicio para que juntas y juntos hagamos de la ciudad, el país y el mundo un lugar para todas y todos, sostenible, justo, armonioso y en paz. 

Emilio Álvarez Icaza Longoria 
Ciudad de México, octubre de 2021

Transmisión completa del 3er Informe Legislativo