El 20 de abril de 2020, en un nuevo periodo extraordinario, se aprobó en el Pleno, sin modificaciones, la minuta para expedir la Ley de Amnistía. Mi intervención y voto fue en contra porque el grupo morenista urgió esta acción derivada de una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador que fue convenientemente enmarcada en el contexto de la actual emergencia sanitaria por el covid-19 y porque, claramente, los limitados términos de la propuesta generaban una falsa expectativa de despresurizar las penitenciarías. Mi cuestionamiento se ha comprobado, pues dicha legislación no cumplió con ninguna de las expectativas legítimas de las personas expertas en la materia.
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