5 de octubre 2019.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Después de un tenso procesamiento en el Senado para el diseño de la convocatoria para la elección del próximo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el jueves 3, tras una votación unánime, se aprobó una propuesta que complicaría el ascenso de aspirantes sin perfil idóneo para relevar al actual titular del organismo, Luis Raúl González Pérez.
La propuesta de enlistar una serie de indicadores “sobre el perfil y el trabajo de las personas candidatas, a efecto de poder reconocer el trabajo que han realizado”, y que tendrán un carácter de vinculante en la decisión que tomen los senadores de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, logró imponerse en la convocatoria, pese al intento de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de eliminarla.
La intentona de la Jucopo por imponerse se deriva de un acuerdo del 12 de septiembre firmado por la Mesa Directiva en el que se instruye a las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, presididas por la panista Kenia López Rabadán y el morenista Julio Menchaca, a elaborar la convocatoria para la designación del próximo presidente de la CNDH, proceso en el que podría participar el actual ombudsman.
Cercano a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Menchaca ha sido “operador” en varias designaciones, entre ellas los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la del Fiscal General de la República; magistrados electorales y agrarios, de integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de magistrados en el Consejo de la Judicatura, y le tocará analizar las candidaturas de quien ocupe el lugar que dejó Eduardo Medina Mora en la SCJN.
En el documento del 12 de septiembre, firmado por Mónica Fernández y otros siete integrantes de la Mesa Directiva, se advierte que una vez que se elaborara el proyecto de convocatoria tendría que remitirse a la Jucopo para que “impulse los entendimientos y convergencias para alcanzar los acuerdos que permitan el cumplimiento, en tiempo y forma”, y que una vez “avalado el proyecto” se retornaría a las comisiones para emitir la convocatoria y someter su contenido al pleno.
La facultad de “avalar” la propuesta de las comisiones sólo fue impugnada en su momento por el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, sin alcanzar la adhesión de más legisladores contra la disposición.
En un primer borrador presentado por la Comisión de Derechos Humanos a su contraparte de Justicia, en el considerando décimo, se determinaba que “con el fin de garantiza que la decisión sea fundada y motivada, las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia adoptarán como criterio para determinar la idoneidad de las candidatas y candidatos”, el programa de trabajo que proponga, su comparecencia y la trayectoria en materia de derechos humanos, además de que contarían con un listado de indicadores.
En un primer momento la palabra “vinculante” no aparecía en el proyecto, pero en la revisión del borrador la Comisión de Justicia introdujo que los lineamientos “no serán vinculantes”, lo que alertó a senadoras como Malú Micher y Citlali Hernández de Morena e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, a pelear por la vinculación del listado de indicadores en la selección final, en la sesión de comisiones unidas del 24 de septiembre.
Como feminista, Micher Camarena argumentó que desde la selección de los candidatos a ocupar la presidencia de la CNDH los senadores tendrían que garantizar que entre ellos no habría “golpeadores de mujeres o deudores alimentarios”.
Hernández, por su parte, pugnaba por “mejorar los procesos de las designaciones, garantizando los mejores perfiles” para la CNDH, un tema que “a todos nos conviene”.
En el estira y afloja, se logró imprimir en el punto diez de la convocatoria el carácter de vinculatorio a la consideración del “listado de indicadores sobre perfil y el trabajo de las personas candidatas”, en la selección de los legisladores.
En votaciones por comisión, en la de Derechos Humanos diez senadores votaron a favor de la propuesta de convocatoria, y en la de Justicia, cinco a favor y cuatro en contra.
El tema de hacer vinculantes los parámetros de selección, generó tal escozor, que un intento por cambiar el sentido de la convocatoria, el senador Cruz Pérez Cuellar, del grupo parlamentario de Morena, dirigió un oficio a los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, para intentar cambiar el sentido de su voto.
En la carta, a la que tuvo acceso Proceso, Pérez Cuellar, senador por Chihuahua, solicita “la rectificación de la votación” a mano alzada en la sesión de comisiones unidas, ya que “por una confusión, al momento de efectuarse este procedimiento se tomó nota de mi voto ‘a favor’, al levantar la mano erróneamente”.
Sin embargo, la solicitud de Pérez Cuellar iba en contra de la Ley Orgánica del Senado, que en el artículo 189 sólo permite “cambiar a favor de un dictamen sus respectivos votos emitidos en contra o en abstención, hasta que se publique en la Gaceta (Parlamentaria)”, en tanto que se prohíbe “cambiar los votos aprobatorios”.
Enviado el acuerdo a la Jucopo el mismo 24, para el miércoles 2 ya se habían operado al menos siete modificaciones a las bases de la convocatoria, siendo la más sensible la décima, eliminando el carácter vinculante del “listado de indicadores sobre el perfil y el trabajo de las personas candidatas”.
La versión que manejó el secretario técnico de la Jucopo, José Manuel del Río Virgen, ante organizaciones sociales, era que cambio “abonaba” en el proceso de selección y que “enriquecía” el documento que se hubiera eliminado el carácter vinculante, porque así no parecería que estaba dirigida la elección a una persona en particular, además de que el texto era resultado de un “acuerdo político” de las coordinaciones de las bancadas.
El jueves 3, ante indicios de insurrección de senadores de Morena, que votaron a favor de la propuesta del 24 de septiembre -Citlali Hernández, Malú Micher, Nestora Salgado, Martha Guerrero Sánchez, Antares Vázquez y Germán Martínez, las cinco primeras integrantes de la Comisión de Derechos Humanos-, para mantener inalterable el sentido de su decisión en la sesión de comisiones unidas, la indicación que saldría de la oficina de Monreal sería llevar el acuerdo avalado por la Jucopo al pleno, y obligar a quienes impugnaban el punto diez, a someterlo a la votación mayoritaria, es decir, enfrentar a la aplanadora de Morena.
En la sesión de Comisiones Unidas, Julio Menchaca llevó la propuesta de someter el diferendo en el pleno, y senadores como Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde y Lucía Trasviña, de Morena, insistían en que habría que respetar la decisión de los representantes de las bancadas, y aprobar el documento de la Jucopo.
Sin embargo, ante la imposibilidad de argumentar por qué no impulsar una convocatoria que da mayores garantías de elegir al mejor candidato para ocupar la CNDH, se logró someter a votación en lo general la propuesta de la Jucopo, y en particular, cambiar el sentido de la base décima, para mantener el sentido vinculante el listado de indicadores, aprobándose la modificación y así fue llevado al pleno.
Al término de la votación en comisiones, Álvarez Icaza advirtió que la convocatoria aprobada para el próximo titular de la CNDH, “sienta un precedente, porque se incorporaron elementos de avanzada, y a partir de ahora las próximas designaciones que vengan tendrán que tener los más altos estándares”.
Para el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la decisión tendría que ser replicada en las próximas designaciones de cargos públicos que el Senado tiene que analizar, así como por las entidades federativas para elección de presidentes de comisiones locales.
“Lo que se pretende es hacer la elección más clara y transparente y con eso se blinda el proceso, las condiciones van a tener que ser vinculantes, porque de lo contrario, se corre el riesgo que de la nada salgan llamadas que digan ‘va tal persona’, y se acabó”.
Después de la votación en el pleno, en entrevista, Kenia López Rabadán sostuvo que lo que se busca es “transparencia, máxima publicidad, parlamento abierto, y sobre estas tres líneas basando el trabajo de las senadoras y de los senadores y organizaciones de la sociedad civil, nos va a permitir hacer un análisis objetivo de las personas que acudan a esta convocatoria”, que marca que entre el 7 y el 11 de octubre se recibirán candidaturas.
Al resaltar que la designación del próximo titular de la CNDH requiere de la votación de las dos terceras partes del Senado, advirtió que es la oportunidad de “no caer en la tentación de buscar un subordinado ni de un partido ni del gobierno, es necesario que haya una persona suficientemente autónoma en beneficio de los mexicanos no en beneficio de alguien en particular”.
Al reconocer que “no va a ser nada fácil encontrar un perfil que pueda ser acompañado por el partido del gobierno y partidos de la oposición”, López Rabadán consideró que la prioridad deberá ser encontrar a una persona lo suficientemente autónoma para desempeñar su papel de contrapeso del poder público.
En entrevista por separado, el secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Fernando Ríos, advirtió que en la designación del presidente de la CNDH “el Senado se está jugando su credibilidad y legitimidad para aportar o no para en el combate a la crisis de derechos humanos”.
El defensor, resaltó que la expectativa de las organizaciones de las organizaciones de la sociedad civil es que “no sea una votación política sino sobre los mejores perfiles y se deje de lado los arreglos cupulares o que se vote independientemente de que se cumpla o no con el perfil”.
Reconoció que el papel de contrapeso para el gobierno federal que pueda ejercer el próximo titular de la CNDH es fundamental en momentos en que prevalece una presidencia fuerte, con Andrés Manuel López Obrador al frente.
El que senado decida algo es una posibilidad de legitimar al próximo titular y si lo hace con muchas más condiciones de idoneidad podrá ser más acertado y mucho mejor para el país. “Lo que buscamos es un perfil que le permita tener libertad ante cualquier poder establecido, eso es lo fundamental, aquel que tenga la capacidad de analizar las consecuencias de la improvisación en las políticas públicas de López Obrador, y del presidente, esperaría que viera a quien tiene ese perfil como un aliado, que aceptara de una manera autocrítica, pueda ver que su gobierno tiene errores de diseño”, puntualizó el secretario ejecutivo de la Red TDT, que cuenta con 87 organizaciones afiliadas en el país.
