Equipo Indignación
22 de julio 2021
Foto: Equipo Indignación
Compartimos comunicado:
“Escuchen ustedes, van a recibir un escarmiento para que aprendan”. Estas fueron las palabras con las que se alejó el comisario municipal de San Fernando rodeado de un grupo de empleados de la granja porcícola ubicada en el territorio de esta pequeña e incomunicada comisaría de Maxcanú el día de la asamblea informativa. Los colectivos que organizamos la consulta, cuya fase consultiva se realizará el próximo domingo, les pedimos estar alertas. Bernardo Canul Cocom, comisario municipal, empleado de la granja y operador político del alcalde electo de Maxcanú, es uno mas de quienes se ha valido la empresa Agroindustrias MOBA para evitar que el pueblo de 300 habitantes, con una granja de 49 mil cerdos anuales, participe en la consulta.
La empresa porcícola Kekén, a la cual no le ha importado instalar y promover sus granjas sin el permiso de las comunidades, vulnerando así nuestros derechos como pueblo maya, publicó un comunicado descalificando la consulta y diciendo que no puede participar en ésta porque no cumple con los parámetros de una consulta indígena, sin especificar cuáles. Para nosotros esta descalificación es una muestra de racismo porque la consulta está organizada por el propio pueblo, lo que le otorga a este proceso la mayor legitimidad al hacerse en ejercicio de nuestra libre determinación y autonomía.
Valientes mujeres han convocado en todo el proceso. La consulta, que debe ser libre, previa e informada, no puede ser previa a la instalación de las granjas porque empresas y gobierno violaron nuestro derecho e instalaron las granjas sin obtener nuestro consentimiento, a pesar del enorme impacto que esa actividad industrial puede tener en nuestro entorno. Eso les hace incurrir en responsabilidad, pero no descalifica nuestra consulta que tiene como objetivo saber si pueden o no continuar operando en nuestro territorio. Si el pueblo así lo determina, no podrán continuar.
Ante tal demostración de racismo el pueblo salió a la asamblea informativa el 16 de julio con los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU como observadores y la prensa local. La misma empresa les dio el día laboral a quienes ahí trabajan y llegaron para “reventar” la asamblea que conducida con gran habilidad por parte de los integrantes del colectivo Yutzil Kaj logró hacer escuchar todas las posiciones del pueblo. Los lugares reservados para quienes debían informar quedaron vacíos. Con gritos los empleados de la granja defendieron la “generosidad de la empresa por haber recibido un kilo de carne” recientemente.
Llegó casi al finalizar el comisario y sin dejar de hablar con las personas que tenía a su lado no quiso responder a las preguntas planteadas por los integrantes del comité frente a la asamblea. Así terminó el evento y al retirarnos este individuo lanzó la amenaza. Por esto y por los fallidos intentos de compra y coacción de la participación, exigimos de quienes son responsables de estas amenazas y obstrucción del derecho, que dejen de violar los derechos del pueblo maya que, aunque pareciera que a ninguna autoridad local y federal le interesa respetar, hemos hecho de su racismo la prueba más contundente de su delito. La vigilancia para que los derechos del pueblo se cumplan a cabalidad estará garantizada por quienes han acompañado todo el proceso, aunque los empresarios no sepan nada de derechos de los pueblos.
No nos rendimos.
Nunca mas sin nuestro permiso
Aquí manda el pueblo.
