El País
El desgaste del gobierno, los errores, la distancia entre lo prometido y la alcanzado, o bien la diferencia entre las expectativas y la realidad, la soberbia y la arrogancia, las malas decisiones, el mal manejo de la pandemia y de la economía, entre otras cosas, han llevado a que el estado de ánimo social de finales de 2018 sea totalmente distinto al de mediados de 2022.
Un sector importante de quienes optaron por apoyar a este gobierno en las elecciones de 2018 ya se movió de posición o cambió de parecer. A más de la mitad del mandato del actual gobierno han pasado tiempo y cosas suficientes para que muchas de las personas que votaron por este gobierno (por múltiples razones depositaron un voto de confianza, dieron el beneficio de la duda, se sumaron por el hartazgo y/o la desilusión de los gobiernos anteriores, o porque se quisieron sumar al momento de cambio o a la opción ganadora, o bien porque “ya tocaba”), hoy toman distancia, incluso manifiestan rechazo en diferentes niveles.
Se han sucedido una serie de fenómenos en este sentido, de los cuales sólo quiero destacar tres: la elección federal de junio de 21; el ejercicio de revocación del mandato y el rechazo a la propuesta de reforma constitucional en materia de electricidad.
La elección federal de 2021 fue una primera señal en este sentido. Morena obtuvo, junto con sus aliados, 21 millones de votos y la oposición en su conjunto 23 millones de votos (PAN, PRI, PRD 19.5 y MC 3.5). Una situación muy distinta de lo ocurrido en 2018. Para 2021, la composición en la Cámara de Diputados cambió radicalmente, la oposición obtuvo 223 curules en su conjunto (45%) y la coalición de gobierno tuvo 277 curules (55%). Morena perdió junto con su coalición 57 diputaciones en relación con la legislatura anterior. Si bien la coalición gobernante mantuvo la mayoría simple, cualquier modificación constitucional o votación de mayoría calificada tendrá que ser negociada.
El ejercicio de revocación de mandato fue el segundo conjunto de señales que marcaron un quiebre significativo. Un proceso plagado de manipulaciones y fraudes a la ley antes, durante y después de su realización tuvo un desenlace por demás demoledor para las expectativas presidenciales. En este ejercicio, 82 de cada 100 personas inscritas en el padrón electoral decidieron no participar; una participación del 18%, muy lejos del 40% requerido para que este ejercicio tuviera validez legal. Este solo hecho es en sí mismo relevante. Después de que se violó sistemáticamente la ley, se atacó y desatendió a la autoridad electoral de manera sistemática y la evidencia de que hubo múltiples usos de recursos públicos de manera ilegal en la campaña de promoción (tanto por el gobierno federal como por gobiernos estatales y municipales), finalmente sólo participaron 1 de cada 5 electores.
Otro dato significativo es que la votación a favor de la continuidad del presidente fue de poco más de 15 millones de votos. Esto representa la mitad de su votación en 2018; los otros 15 millones se esfumaron. La mitad de los votantes de López Obrador en 2018 decidió darle la espalda. Si bien 15 millones no es un número menor, tampoco lo es la pérdida de 15 millones de votos. Los 30 millones del 2018 quedaron muy lejos. El ejercicio terminó en la pérdida de la mitad de la votación y una deslegitimación de facto y en las urnas de este y, por tanto, de sus promotores, empezando por López Obrador mismo.
