7 de septiembre 2020.
Animal Político
En los nueve meses que Rosario Piedra Ibarra lleva al frente de la CNDH, el IMSS ha recibido apenas 2 recomendaciones cuando en los 22 meses previos recibió 42 y el Instituto Nacional de Migración pasó de 7 a cero recomendaciones en el mismo periodo.
Han pasado ya nueve meses de la polémica toma de protesta de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra. Atrás quedaron la impugnación de inelegibilidad, la votación cuestionada, la promesa incumplida de reposición del proceso de votación, la toma violenta de la tribuna parlamentaria y los posteriores señalamientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre un proceso polarizante y con serios cuestionamientos. Hoy ya es tiempo de hacer los primeros balances sobre la actividad -o inactividad- de la Comisión, y el resultado dista mucho de ser aceptable.
El artículo 102 constitucional establece el marco de actuación de la CNDH. En él se determina de manera clara su función de formular recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades que correspondan. El número y la argumentación de las recomendaciones se convierten así en los principales factores para evaluar el impacto de la Comisión en su responsabilidad de proteger y promover derechos.
Esto lo refuerza el comentario de la propia presidenta en su primera comparecencia frente a legisladores a los dos meses de haber tomado protesta, en la que criticó duramente a pasadas presidencias de la Comisión por su supuesta falta de actividad: “Esta situación sostenida institucionalmente por años se ha manifestado en una baja emisión de recomendaciones, mucho menor al número de violaciones denunciadas ya existentes…”.