9 de agosto 2020.
Conoce la publicación Cerrando la brecha. Recomendaciones para la implementación de los derechos de los #PueblosIndígenas, derivada de las misiones de las Relatorías Especiales de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
“La situación actual de los pueblos indígenas en México refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene como una de sus prioridades la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Las actividades que realizamos de documentación, monitoreo, formación, incidencia y asistencia técnica se basan en los estándares internacionales en la materia y responden a un contexto caracterizado por la falta de reconocimiento adecuado de las personas y pueblos indígenas, por la discriminación estructural y la pobreza multidimensional que continúan enfrentando, y por un modelo de desarrollo autoritario que constantemente vulnera su libre determinación y su autonomía a través de políticas y megaproyectos en sus tierras y territorios que no fueron consultados o consensados y que han tenido graves impactos en sus bienes naturales, en sus formas de vida y en su integridad.
Es fundamental considerar que la mayoría de estos problemas ya habían sido señalados, muchos años atrás, por el primer Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, el doctor Rodolfo Stavenhagen, quien en su informe sobre la visita realizada a México en el 2003 ya señalaba, entre otras cosas, que “la discriminación contra los indígenas se manifiesta en los bajos índices de desarrollo humano y social, la extrema pobreza, la insuficiencia de servicios sociales, la manera en lo cual las inversiones y proyectos productivos son puestos en práctica y la gran desigualdad en la distribución de la riqueza y los ingresos entre indígenas y no indígenas”; y además realizaba recomendaciones concretas que incluyen reformas para la protección de las tierras de los grupos indígenas, la realización de consultas previas ante medidas que pudieran afectarles, el acceso prioritario a los recursos naturales por encima de los intereses económicos, la creación de una instancia para atender los desplazamientos internos y la revisión profunda del sistema de procuración de justicia para las y los indígenas, entre otras.
Catorce años después, Victoria Tauli-Corpuz, lideresa indígena de la comunidad Igorot de Filipinas, y actual Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, realiza una visita a México en noviembre de 2017 y confirma que muchas de las recomendaciones a México no fueron atendidas y que los problemas estructurales se mantienen o en varios casos se han agravado, por lo que reafirma y actualiza varias de las recomendaciones del primer relator, como la necesidad de una reforma integral del régimen agrario y agrega otras como la necesidad de garantizar que las empresas ejerzan la debida diligencia en sus actuaciones o la de generar medidas de protección colectivas y culturalmente adecuadas para pueblos e individuos indígenas en situaciones de riesgo por la defensa de sus derechos.
Los informes que contiene esta publicación son en el resultado de un proceso muy enriquecedor, ya que a pesar de enfrentar limitaciones de tiempo, recursos y espacio, son el resultado de diálogos amplios con una gran diversidad de actores que obviamente incluyen a personas de las comunidades indígenas de muchas partes del país y a autoridades de los tres poderes y diferentes niveles de gobierno, pero también a organizaciones de sociedad civil, a empresas, a órganos de derechos humanos y a agencias de naciones unidas, por lo que los diagnósticos y recomendaciones que derivan de estos procesos tiene un sólido respaldo y una gran utilidad para todas las partes. Pueden ser utilizados por las personas y comunidades indígenas para la exigencia y defensa de sus derechos; por las autoridades de todo tipo como guía para el cumplimiento de sus obligaciones con base en los más altos estándares, incluyendo a los jueces al momento de revisar casos y emitir sentencias; por la sociedad civil en sus labores de asesoría, fortalecimiento e incidencia; por las empresas para desarrollar sus políticas de debida diligencia y remediación; y por los órganos de derechos humanos para orientar sus intervenciones, por mencionar sólo algunos ejemplos.
Finalmente, me gustaría recordar que el Relator Stavenhagen también recomendó a la Oficina del Alto Comisionado fortalecer su atención a los derechos de los pueblos indígenas, por lo que se adoptó este tema como una prioridad, y la Relatora Victoria Tauli-Corpuz recomendó dar seguimiento a sus recomendaciones. Por todo lo anterior, la ONU-DH México reitera su compromiso y disposición para contribuir con todo tipo de interlocutores en la implementación de las recomendaciones ya mencionadas y para impulsar la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, con base en sus propias propuestas.
