22 de abril 2020.
Contralacorrupcion.mx
En septiembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de Ley de Amnistía ante la Cámara de Diputados. En su conferencias de prensa, el mandatario afirmó (17-09-19) que la amnistía busca beneficiar a “gente humilde, que no fue asistida, que no tuvo abogados”, jóvenes, indígenas, mujeres y ancianos “encarcelados de forma injusta”. Por un tiempo quedó en la congeladora. La aprobación de la Ley se aceleró en las últimas semanas bajo el argumento de que ésta permitiría disminuir el contagio de COVID-19 en las cárceles de nuestro país, cuestión que no estaba, obviamente, contemplada en la exposición de motivos.
La intención de aprobar la Ley de Amnistía pudiera ser noble y justa. No obstante, carece de una adecuada técnica legislativa y deja de lado temas indispensables para su aplicación. Además, hay que mencionar que el contexto en el cual se aprobó el día de ayer en el Senado de la República resulta ser engañoso, no solo para las personas injustamente encarceladas, sino para la ciudadanía en general. La realidad es que con el texto aprobado resulta prácticamente imposible que una persona condenada o sujeta a proceso sea “amnistiada” en atención a la emergencia sanitaria que hoy acecha al planeta.
