México enfrenta una profunda e inédita crisis en derechos humanos, como lo demuestran las 318 recomendaciones realizadas por 115 países durante su cuarto Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las alertas de la comunidad internacional han resaltado los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos, el aumento de homicidios y violencia de género, los abusos contra personas migrantes, la militarización, así como la violencia y discriminación generalizadas.
La postura del Estado mexicano y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se interpretó como una muestra del escaso interés por abordar el problema. Al mismo tiempo, puso de manifiesto la debilidad institucional y la responsabilidad de los gobiernos estatales, municipales y federales en este agravamiento.
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