Poco ha cambiado en la agenda de las víctimas desde que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad conmocionó al país: algunos logros legislativos, roturas, alejamientos y reencuentros entre colectivos. Lo que no se ha movido es la violencia, ni las muertes, ni la impunidad.
Texto y fotos: Estrella Pedroza
CUERNAVACA, MORELOS.- “Año con año algo –un suceso- más fuerte nos horroriza”, resume el poeta Javier Sicilia Zardaín, líder moral del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que hace casi 9 años puso al país en el espejo del horror.
Hablamos largo en la Catedral de Cuernavaca, situada a unos metros de la Ofrenda de Víctimas que fue colocada el 28 marzo del 2011, días después del asesinato de su hijo, Juan Francisco, y seis personas más.
Han pasado nueve años. Sicilia ha convocado para este 23 de enero a una nueva caminata que seguirá la misma ruta que en 2011: saldrá de Morelos hasta llegar a Palacio Nacional en la Ciudad de México.
Ahora, el objetivo es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “retome la agenda de víctimas y cumpla su compromiso”.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad fue una respuesta de la sociedad contra la violencia que se vivía en todo el país, como resultado de la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, a la que él mismo llamó “guerra contra el narco”.
El movimiento unificó el dolor, el reclamo y las voces de miles de familias de personas asesinadas o desaparecidas y que en ese entonces, estaban paralizadas de terror o buscaban respuestas de manera aislada.
Para ese momento se contabilizaban, según cifras oficiales, 40 mil personas asesinadas y más de 3 mil desaparecidas. Casi una década después, las autoridades reconocen más de 300 mil personas asesinadas y 61 mil desaparecidas.
Una tarea triste
Revisar casi nueve años, sin “una respuesta de voluntad política para asumir la dimensión de la tragedia humanitaria, de la emergencia nacional que ningunos de los gobiernos han asumido con plena responsabilidad y tampoco las consecuencias. Es triste…”, dice Sicilia.
—¿Ha valido la pena caminar? ¿Vale la pena caminar nuevamente?
—Sí. Sin duda. Hubo logros que no han sido suficientes y no podemos quedarnos en nuestra casa viendo cómo nos siguen matando a nuestros seres queridos.
Retrospectiva del dolor
Ese 28 de marzo de 2011, las autoridades de Morelos –encabezadas por el entonces gobernador Marco Antonio Adame Castillo– confirmaron el hallazgo en Temixco de siete personas asesinadas. Entre ellas se encontraba Juan Francisco Sicilia.
Decenas de ciudadanos, movidos por la indignación, colocaron una ofrenda con veladoras y flores, realizaron caminatas nocturnas y vigilias. Cuando el poeta regresó a México –desde Filipinas, donde se encontraba–, para despedir a su hijo, estos actos se convirtieron en el cimiento de algo más: por un lado, la expresión del hartazgo contra una realidad violenta; por otro, el aglutinamiento de la esperanza.
Entonces Morelos sufría una oleada de violencia, desatada en diciembre de 2009 como consecuencia del asesinato de Arturo Beltrán Leyva, líder del Cártel de Los Hermanos Beltrán Leyva. Eso llevó a la pulverización de los grupos criminales de la región. El gobierno no hizo nada por detener su pelea.
Por eso había cansancio, cientos de víctimas y familias vivían en soledad su duelo, como ocurría en prácticamente todo el país.
Madres, padres, hermanos, esposas, hijos, sobrinos, de forma aislada y silenciosa, lloraban a sus muertos y desaparecidos, buscaban respuestas y pedían ayuda pero nadie los veía, nadie los escuchaba.
Con la frase de “¡estamos hasta la madre!”, el poeta convocó a la primera Marcha por la Paz (la más grande que se haya realizado en Cuernavaca) y se convirtió en la voz de las víctimas.
“¡Vamos a las calles a exigir a estos hijos de la chingada que le paren al crimen organizado! (…) ¡estos cabrones del gobierno que respondan!”, dijo en la entrada principal del Palacio de Gobierno, en la capital morelense.
El siguiente paso fue una marcha nacional que salió de “La Paloma de la Paz”, en Cuernavaca, con apenas unos cientos de personas y en el camino sumó a miles, provenientes de distintas entidades del país hasta llegar al zócalo de la Ciudad de México.
Le siguieron las caravanas por la paz, con tres recorridos: Caravana del Consuelo, que llegó hasta Ciudad Juárez; la Caravana del Sur, que se encontró con los zapatistas en Chiapas, y la Caravana por Estados Unidos, que recorrió 27 ciudades de ese país.
También hubo dos diálogos de las víctimas con el entonces presidente Felipe Calderón.
El primero, al regreso de la Caravana del Norte, en el Museo de Antropología e Historia. Las víctimas entregaron el pacto firmado en Juárez con seis puntos: esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas; poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana; combatir la corrupción y la impunidad; combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; dar atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social, y democracia participativa.
El segundo diálogo, al regreso de la Caravana del Sur, fue en el Alcázar del Castillo de Chapultepec y se centró en la estrategia de combate al crimen organizado.
La herencia del movimiento
Con el MPJD se consiguió algo muy importante: dar voz, nombre, rostro e historia a las miles de víctimas que el gobierno panista había criminalizado.
Previo al movimiento, el discurso del gobierno calderonista que se replicaba en medios de comunicación planteaba que los muertos eran “daños colaterales” o que formaban parte de grupos criminales.
“Logramos visibilizar el problema, que no se reducía al narco, y a partir de eso volver la dignidad a las víctimas por la que el gobierno decidió no dar las cara por ellos y decidió revictimizarlas, el gobierno no está para eso, decir que ellos tienen que intervenir cuando hay un crimen sean culpables o inocentes”, dice Sicilia.
El movimiento fue semillero de varias personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y colectivos de víctimas.
El impulso lo ponía Sicilia con sus amigos más cercanos. Pero la estrategia abarcó a otros activistas y luchadores sociales como Ignacio Suárez Huape, Pietro Ameglio, Emilio Álvarez Icaza Longoria, y Rocato Bablot.
“Fue un movimiento casi masculino, siempre dije ‘los hombres que hicimos este movimiento teníamos entrañas de madre’ y las mujeres se fueron insertando y tomaron el relevo y para seguir camino con sus causas”, dice Sicilia.
El poeta recuerda como María Elena Herrera, originaria de Michoacán, con cuatro hijos desaparecidos por el crimen organizado se articuló al MPJD durante la Caravana del Norte.
“Ahora es una defensora de derechos humanos, fundó organizaciones”, dice Sicilia mientras da un sorbo a su café expreso.
María Herrera y sus hijos Juan Carlos y Rafael impulsaron la creación de Familiares en Búsqueda María Herrera AC y Enlaces Nacionales, que forman parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Y así cientos de mujeres, de madres, esposas, hermanas e hijas se encontraron, se unificaron y hoy son las que en su mayoría caminan o impulsan los colectivos de víctimas en distintas entidades.
“Los que iniciamos el movimiento regresamos a nuestras vidas. Yo, a seguir empujando desde la academia y desde la poesía, y ellas siguieron y mantuvieron la agenda vigente, buscando a sus desaparecidos y exigiendo verdad y justicia”.
Otras iniciativas que tomaron vida a partir del MPJD fueron EmergenciaMx, colectivo de videastas que documentó la Caravana del Consuelo, y la campaña “Ponte en los Zapatos del Otro”.
Leyes y paliativos
El movimiento impulsó normatividad para darle respaldo jurídico a sus demandas: la Ley General de Víctimas que se aprobó en abril de 2012 y entró en vigor en febrero de 2017. También derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se aprobó en octubre del 2017 la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor en enero del 2018.
De ambas leyes surgió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Ambas han sido muy cuestionadas por las propias víctimas.
“Se construyeron dos instituciones (las comisiones) y fue un avance pero si no está tejido de una política de Estado profunda se convierten en paliativos”, advierte el Sicilia.
Los gobiernos ante el movimiento por la paz
“El Estado no hizo lo correcto, nada más hicieron Ley y no atendieron los seis puntos que llevamos en la agenda de los diálogos con Calderón”, lamenta Sicilia respecto al sexenio del panista.
Entonces la consecuencia de la simulación del gobierno panista fue “un aumento terrible en los homicidios, secuestros, feminicidios desapariciones (…) la tragedia aumentado y se ha multiplicado”.
El sexenio de Calderón cerró con 47 mil 500 decesos, de acuerdo con cifras oficiales.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, “nuevamente saltaron las puntas del iceberg que revelaban la profundidad del horror y las evidencia del narcogobierno”.
Con la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos” en septiembre de 2014, “nuevamente se trata de jóvenes como ocurrió con mi hijo. Prevalece la impunidad y revela con descaró la narcopolítica”.
Peña Nieto tampoco atendió la tragedia nacional. Por el contrario: “se convirtió en la administración del infierno”.
La Red Todos los Derechos para Todos documentó 106 asesinatos de defensores de derechos humanos.
Las desapariciones continuaron, creció el número de feminicidios en todo el país- diariamente mueren 10 mujeres, de acuerdo a ONU Mujeres.
En Morelos, se hallaron las fosas clandestinas del Estado, en Tetelcingo y Jojutla, manejadas por el gobierno de Graco Ramírez.
“Con Peña Nieto no hubo voluntad de nada, creo, sólo instituciones a las que no apoyó. No dieron recursos necesarios y tampoco político, cerramos con 36 mil desaparecidos, cifras oficiales reportadas hasta ese momento”, subraya Sicilia.
AMLO y la búsqueda de fosas
Con el actual gobierno de López Obrador: “No hay voluntad”, expresa seco.
“Andrés Manuel dice que asume la tragedia humanitaria y la emergencia nacional, pero construimos una agenda de verdad y de justicia y de repente le da la espalda y decide que medio administra la Comisión de Atención a Víctimas, saca la Guardia Nacional y sus programas sociales; mientras que la Comisión de Búsqueda se reduce a buscar fosas. Y la consecuencia son 40 mil muertos y 5 mil y pico desaparecidos (…) Estamos hablando del último parte de Gobernación de 61 mil desaparecidos y todavía falta la información de casi medio país, muchos estados no han entregado información”.
En el primer año de gobierno de López Obrador la violencia sigue. Pero fue la masacre de la familia LeBarón, el 9 de noviembre del 2019, lo que sacudió nuevamente la a Sicilia.
“La masacre de la familia LeBarón a mí me obliga a salir otra vez a movilizarnos. Éstas son puntas del del iceberg que permiten mirar que la política no le pone atención en los fenómenos de la violencia oculta. Estas puntas del iceberg vuelven a poner en evidencia en la conciencia nacional y en la política que hay una emergencia y hay una tragedia, cada vez peor y que se hace más grave y con menos posibilidad de retornar y a un estado de civilidad y de mínima paz”.
Hasta ahora, insiste, el presidente no ha dado muestras reales de que la emergencia nacional sea una prioridad en su periodo.
