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El Instituto Nacional de Migración adjudicó un contrato a Comercializadora Antsua, empresa perteneciente al grupo denunciado por el propio gobierno federal. También el gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, asignó un contrato de 17.7 millones de pesos a la misma compañía.
La administración de Andrés Manuel López Obrador, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), asignó un contrato millonario por adjudicación directa a una compañía que el mismo gobierno federal acusó de pertenecer a la red de empresas fantasma que presuntamente colaboraron con el proveedor del software espía Pegasus.
En diciembre de 2019, el INM adjudicó un contrato por 112.9 millones de pesos a la razón social Comercializadora Antsua S.A. de C.V. para el arrendamiento y soporte técnico de equipo de cómputo. Además, dicho contrato fue reservado durante 5 años para que su contenido no se dé a conocer al público por supuestas razones de seguridad nacional.
