Vivimos tiempos inéditos. Vivimos tiempos de esperanza. Vivimos la oportunidad de hacer historia en materia de libertar de pensamiento, libertad de expresión y de libertad de información. Por esas razones es necesario hacer un minucioso repaso de lo que han vivido medios de comunicación, reporteros, moneros y columnistas. Lo es también por estar ante el inminente cambio de la administración pública estatal. La sociedad está convencida de que no debe haber repetición de los hechos y el mejor abono para esa anhelada garantía es un informe-balance de lo que se ha vivido y presentarlo ante el nuevo gobierno, pues si este tomará en sus manos el destino de la vida pública debe saber de antemano los puntos y espacios en los que tiene que prevalecer la filosofía del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 6° y 7° de nuestra Constitución Política y los correspondientes en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, ha tomado de oficio en general las denuncias públicas sobre amenazas a medios y a periodistas. Lo hacemos registrando los casos que han destacado durante el presente año, reconociendo que en los anteriores los hubo tan graves y más numerosos que los documentados ahora, como en su momento lo manifestamos en sendas recomendaciones y medidas cautelares.
Hemos acordado presentar un informe público sobre las amenazas, intimidación, acoso, agresiones físicas y campañas de desprestigio, en contra de periodistas de Sinaloa y medios de comunicación, por considerar el presente momento de cambio de poderes como muy oportuno para ello. El gobierno que iniciará el 1° de noviembre reivindica un respeto militante a los derechos humanos y en especial a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo, por lo que de manera natural debe conocer los problemas que en la materia hemos registrado en el presente año, con el fin de que desde el primer momento de su gestión marque con una declaración concreta y hechos, el inicio de una nueva época en la relación entre poderes públicos, medios y periodistas.
Hace unos meses el cartonista Gilberto Ceceña se lamentaba públicamente de la manera siguiente: “Los periodistas de Sinaloa vivimos en el peor lugar para ejercer un periodismo independiente y comprometido. Muchos lo han pagado con su vida.
“Cuando a este ambiente adverso sumamos la intolerancia y una desmedida ambición de poder, degenera en plumas y medios creados exprofeso para enlodar e intimidar a sus adversarios y a periodistas.”
Por eso hablamos de no repetición de los hechos, por eso vemos con simpatía que la nueva administración estatal se exprese con una narrativa que prioriza el respeto a los derechos humanos, a la pluralidad de opiniones, al derecho de expresarlas y al ejercicio libre del periodismo. Y la mejor garantía de no repetición de los hechos es permitir y sobre todo fomentar la libertad de opinión sobre los asuntos de la vida pública y de publicar ese sentir y pareceres de quienes han forjado oficio y profesión en el campo del periodismo.
