Excélsior
Primero, intimidar. Las resoluciones del INE son recurribles ante el TEPJF y hay una controversia constitucional en la SCJN respecto a la imposibilidad de organizar la consulta de revocación sin recursos suficientes, pero el Presidente no está para ver qué resuelven las instancias jurisdiccionales, sino para dejar establecido que debe pagar el precio quien se resiste a su voluntad.
Los consejeros electorales que, en el uso de sus facultades, decidieron suspender temporalmente algunas labores referentes al eventual ejercicio revocatorio, en tanto se resuelve su controversia en la Corte, no sólo fueron víctimas de escarnio, promovido desde el poder, sino que los amenazaron con ser perseguidos penalmente y removidos de sus cargos mediante juicio político.
