22 de julio 2020.
Animal Político
A cuatro meses de que la vida nacional se viera trastocada por la propagación del COVID-19, las autoridades jurisdiccionales en materia electoral no han logrado concebir una respuesta adecuada que pondere debidamente el derecho a la salud y el de acceso a la justicia.
La justicia electoral por sí misma y en condiciones normales es poco accesible para la ciudadanía, no solo por la especialidad y tecnicidad de la materia, sino por la concentración de los órganos jurisdiccionales electorales. Los tribunales electorales locales únicamente tienen sedes en las capitales de su respectiva entidad federativa, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solamente cuenta con oficinas en cinco ciudades del país −Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca−, lo que hace que muchos distritos y municipios del país estén sumamente alejados de los lugares donde se imparte justicia en materia electoral.
A diferencia de otras materias, la impartición de justicia electoral puede considerarse medianamente rápida. El diseño de los medios de impugnación atiende a la necesidad de brevedad por los tiempos electorales, y por lo tanto rara vez existen diligencias adicionales entre la presentación de una demanda y la resolución de fondo, lo que ayuda a agilizar los procesos.
Sin embargo, en el contexto de la pandemia que se vive, el acceso a la justicia electoral se ha vuelto mucho más complejo, destacando: la presentación de demandas por medios electrónicos y el poder dar seguimiento a los asuntos a través de los portales de internet de los órganos jurisdiccionales. Aunado a lo anterior, la relativa rapidez que caracterizaba a la justicia electoral se ha perdido, pues muchos órganos jurisdiccionales electorales han suspendido sus operaciones por completo o en su defecto han dejado de sesionar, lo que hace que ningún asunto se esté desahogando.
