10 de octubre 2020.
El país.
Un grupo de personas cuenta cómo trastocará su vida y su trabajo la extinción de los 109 fondos de ayuda aprobada por la Cámara de Diputados mexicana.
La Cámara de Diputados mexicana aprobó el pasado miércoles la extinción de 109 fideicomisos, fondos de dinero público gestionados por una entidad privada que financian actividades de investigación, cultura o ayuda humanitaria. Las políticas de austeridad económica fijadas por el Gobierno suponen que el ahorro de estos 68.000 millones de pesos servirá para hacer frente a la pandemia y reducir la corrupción entre otras medidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que el dinero seguirá llegando a los proyectos: “Vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo”. Sin embargo, los partidarios del mantenimiento de estos fondos opinan que su extinción solo causará más opacidad al pasar la gestión de las ayudas exclusivamente al Estado. Algunos de los afectados cuentan cómo serán sus vidas y sus trabajos con la desaparición de las ayudas.
Familiares de desaparecidos, Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI)
GEMMA ANTÚNEZ FLORES
Tiene 54 años y lleva nueve buscando a su hijo desaparecido en Guerrero. Con el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera sale a averiguar dónde está. Gracias al fondo, ella y otras mujeres pueden pagar los traslados hasta los lugares de búsqueda, la seguridad que necesitan mientras escarban en la tierra, una escasa manutención para los huérfanos y hasta los picos y palas con los que trabajan. Este fondo menguante (FAARI) tenía disponibles 678,6 millones de pesos (32,1 millones de dólares) en diciembre de 2018, los últimos datos disponibles. “Hay mucha gente que se ha lucrado con esto, todos lo sabemos, pero hay que hacer una revisión y que se haga una limpieza. Lo ven desde el escritorio y nos dejan desamparados”, expresa. Flores asegura que hay más de 73.600 familias que dependen de estas ayudas y, con su desaparición, advierte de que muchos jóvenes con padres desaparecidos y al borde de la pobreza se irán por “el mal camino”. Llevan cuatro meses sin recibir nada y cada vez es más difícil pagar las tortillas de los niños y las horas del “cíber” para que estudien durante la pandemia. “Si nos enfermamos tenemos que sacar dinero de las reservas para alimentación, no podemos trabajar mientras viajamos a Ciudad de México a exigir que aparezcan los desaparecidos”, relata.
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