30 de junio 2020.
El financiero.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador corre por dos rutas en la lucha contra el crimen organizado. Una es la criminal, donde no se quiere meter, y la otra es la política, donde está completamente comprometido. En este contexto, por la implicación directa que tiene con el caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 normalistas, en septiembre de 2016, se inscribe la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, jefe del Cártel de Guerreros Unidos, realizada el miércoles pasado en el sur del Estado de México, en la frontera con Guerrero –oficialmente fue en Metepec–, que trascendió este lunes. El Mochomo, como lo apodan, había logrado evadir a las autoridades, escondido en Tierra Caliente por viejos enemigos, ahora aliados.
La captura de El Mochomo no debe ser vista como un distractor. Desde hace semanas la Secretaría de Seguridad había estado atando cabos sueltos, que había dejado la investigación en el sexenio pasado, a partir de nuevas pistas del caso Ayotzinapa, y redes de vínculos que conectan a Guerreros Unidos con autoridades policiales en la Ciudad de México. La detención de Casarrubias Salgado, a quien responsabilizan de la desaparición de los normalistas, la anticipaban desde hacía más de 15 días. Y no será la única.
