14 de mayo 2020.
WOLA.ORG
El asesinato del defensor ambiental Adán Vez Lira en el estado de Veracruz el 8 de abril—el mismo día en que los restos del periodista Víctor Fernando Álvarez Chávez fueron hallados en el estado de Guerrero—sirve como un recordatorio trágico de que México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para personas que se dedican a exponer la corrupción y las actividades del crimen organizado, exigir justicia por los abusos de los derechos humanos y defender los derechos ambientales, territoriales y sociales.
En 2019, más periodistas fueron asesinados en relación con su trabajo en México que en cualquier otro país aparte de Siria, representando la mitad de los periodistas asesinados en todo el mundo. Mientras tanto, México ocupó el cuarto lugar en asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos a nivel mundial. Los activistas ambientales enfrentan riesgos elevados: las personas que se dedican a oponerse a proyectos de desarrollo y la explotación ilegal de los recursos naturales constituían más de la mitad de las personas defensoras asesinadas en México el año pasado.
La violencia contra esta población en México no es nueva: al menos 161 personas defensoras de los derechos humanos y 40 periodistas fueron asesinados durante la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto. Pero hasta ahora el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho poco para abordar el problema. Al menos 12 periodistas y 26 personas defensoras han sido asesinados desde que López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018. Los asesinatos han continuado aún después de que México empezó a intensificar el distanciamiento social y las medidas de salud pública en respuesta a la pandemia de COVID-19.
Muchos periodistas y personas defensoras han enfrentado otros tipos de agresiones como amenazas de muerte, hostigamiento y ataques violentos en sus hogares o lugares de trabajo. Por ejemplo, en los últimos meses, miembros del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, así como el periodista Ezequiel Flores, han recibido amenazas de muerte por un grupo de civiles armados de la policía comunitaria en Guerrero. Esta no es la primera vez que miembros del equipo del Centro han enfrentado actos de violencia en relación con su trabajo. En diciembre de 2019, una de las abogadas del Centro, Teodomira Rosales, reportó haber sido golpeado y agredido sexualmente por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Luego, en febrero, reportó haber recibido llamadas amenazantes por un miembro de la Guardia Nacional.
Parte del problema es que el gobierno de López Obrador aún no ha dedicado los recursos necesarios para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas—la agencia federal responsable de proporcionar medidas de protección como cámaras de seguridad, chalecos antibalas y guardaespaldas a periodistas y personas defensoras en riesgo. Si bien el Mecanismo ha salvado vidas, no se le ha otorgado los recursos humanos y financieros que necesita para hacer su trabajo adecuadamente.
El mayor obstáculo es que México carece de políticas públicas integrales diseñadas para abordar las causas fundamentales de la violencia que enfrentan los periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Las campañas de difamación y criminalización por parte de servidores públicos, la falta de implementar medidas firmes contra la extracción ilegal de recursos naturales y otras prácticas que contribuyen a la degradación ambiental, y la falta de investigar y sancionar a los responsables de ataques contra la libertad de expresión, contribuyen al entorno hostil que enfrentan los periodistas y personas defensoras en su vida cotidiana. Como WOLA ha señalado anteriormente, la implementación de las medidas de protección debe combinarse con esfuerzos más integrales para abordar estos contextos subyacentes.
