Ciudad de México a 15 de Noviembre, 2018.
Palabras del Senador Ciudadano Emilio Álvarez Icaza Longoria, en torno al debate del dictamen sobre la Fiscalía General de la República.
Versión estenográfica
Buenas tardes distinguida asamblea.
El día de hoy nos ocupa probablemente uno de los temas más importantes de los que vamos a ver en estos seis años.
El modelo de justicia de nuestro país está profundamente fracasado, es uno de los mayores dolores de nuestro país.
El Estado mexicano tiene una profunda deuda en materia de justicia, sobre todo con las víctimas. En campaña, en nuestras oficinas, aquí afuera, y eventualmente en cualquier lugar donde nos encontremos, nos abordan personas desesperadas, dolidas, re victimizabas por el aparato de justicia, familiares de personas desaparecidas que buscan desesperadamente un resto, un rastro de alguno de sus familiares para encontrarlos con vida, víctima de secuestro, homicidio, extorsión, en la indefensión, en la desprotección, incluso, víctimas de abuso por parte de servidores públicos.
Hoy lo que tenemos delante de nosotros en la discusión, es la posibilidad histórica para refundar el modelo de justicia de nuestro país. Un anhelo largamente acariciado, un proceso que han vivido distintos países de la región.
Está llegando el tiempo a México para poder tener la condición para tener una fiscalía autónoma e independiente, al servicio de la gente, de las y los ciudadanos y no adaptada al poder político.
Quiero en esta ocasión advertir incluso, tener una fiscalía independiente sin la intervención de otros poderes, es la mejor manera de responder a la justicia en esta LXIV legislatura, también quiero advertir sobre eso. Ya en mi oficina hemos analizado el 15% de las iniciativas presentadas por esta legislatura son de carácter punitivo, más penas, más años de cárcel, más prisión, ese modelo está fracasado.
Nosotras y nosotros hemos sido testigos en estos dos meses de como se propone una lógica punitiva para responder al fracaso de la justicia. No es así, no es con más penas, con más cárcel, es con una fiscalía autónoma e independiente para empezar la reforma, congruente con un Estado democrático de derecho.
Significa empezar por la reforma al artículo 102, generar las condiciones para que podamos tener una fiscalía profesional y autónoma, capaz y sensible. Este proceso significa poner a México al día, así pasó con Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, con otros países incluso que han acudido a la asistencia internacional como Guatemala.
Llamo a no repetir el error histórico al no tener visión de Estado. En 2003 se hizo un pacto indebido en la autoría electoral, que fracturó la transición a la democracia y luego la traición del 2006 y más adelante, por no tener una visión de Estado.
No basta que la mayoría aquí vaya por esta línea, necesitamos una visión de Estado en materia de justicia ¿por qué? por qué si no tenemos una fiscalía autónoma e independiente a nivel federal, sin la intervención del presidente, se va a reproducir en los Estados. Vamos a tener entonces una condición donde las y los gobernadores se sentirán en condición de tener sus “fiscalitos carnalitos”, y vamos a perder la oportunidad de reforma a la justicia de fondo, por eso es tan importante.
Porqué lo digo, en el artículo 18 de esta propuesta, que tiene cosas valiosas reconozco, el presidente tiene la facultad para remover al fiscal general. ¿Cómo se va hacer realidad quitar el fuero si el fiscal es empleado del presidente? ¿cómo se va hacer realidad reformar de fondo la institución de la procuración de justicia de nuestro país si se va a reproducir un modelo de subordinación al poder político? por eso les invito que pensemos de fondo. Vamos a nombrar si sigue en esta ruta un fiscal por nueve años. No puede ser por la economía de una sola persona que se designe, tiene que ser un rediseño de fondo, tiene que ser una condición para que podamos manifestar un nuevo modelo y aprovechar la oportunidad histórica que acá tenemos, por todo lo anterior insisto, que la urgencia nos lleva a reformar el artículo 102 primero y luego en consecuencia modificar.
Si no se optase por ese camino lo que tendríamos que hacer es no generar condiciones para que el presidente participe en la designación y en la remoción, eso sería una oportunidad histórica de reformar la justicia en este país.
Muchas gracias.
