Versión estenográfica.
Muy buenos días a todas y todos,
Nos encontramos aquí hoy por invitación de Emilio Álvarez Icaza, quien nos convoca a este ejercicio de rendición de cuentas tras seis años de su participación como Senador de la República. Agradezco su gentileza al convocarme a comentar su informe de gestión, en mi calidad de ciudadano y defensor de derechos humanos comprometido con el fortalecimiento del Estado de derecho y del orden constitucional.
Es fundamental reconocer el valor de este ejercicio, que resulta inusual en una época donde predomina en la mayoría de los miembros del Senado una escasa interacción con la ciudadanía, la opacidad, una limitada rendición de cuentas y un desempeño alejado de la promoción, protección y garantía de los derechos humanos. Desde el inicio de su mandato, Emilio Álvarez Icaza proporcionó una plataforma para que víctimas y sociedad civil fueran escuchados e hicieran visibles los principales problemas relacionados con la seguridad, los derechos humanos y la justicia. A partir de ello formuló, impulsó y apoyó iniciativas legislativas para enfrentar estos desafíos.
Desde el inicio de su gestión en 2018, abrió las puertas del Senado a víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas para trabajar conjuntamente en diversos temas que reflejan la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. A través de la presentación y discusión en el Senado de numerosas propuestas, publicaciones, investigaciones y materiales audiovisuales, se abordaron estas problemáticas de manera integral.
Permítanme destacar algunos ejemplos. En 2019, se presentó un informe sobre eventos de desplazamiento interno forzado masivo, un problema complejo, extendido en el país y doloroso para las víctimas. Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, más de 386 mil personas han sido desplazadas debido a violaciones de derechos humanos, por huir de enfrentamientos armados o de la violencia generalizada en sus lugares de residencia. A pesar de la falta de una entidad federal responsable de diseñar e implementar una política pública con perspectiva de derechos humanos para este sector de la población, Emilio Álvarez Icaza propuso reformas constitucionales e iniciativas legales para abordar este fenómeno, aunque desafortunadamente, las mayorías oficialistas no permitieron que prosperaran. Simplemente han considerado que esta no es una problemática que merece su atención.
En enero de 2020, junto con otros senadores, abrió las puertas a víctimas y organizaciones para presentar la Iniciativa Ciudadana de Justicia, Verdad y Reparaciones en el marco de la caminata por la paz convocada por figuras como Javier Sicilia, la Familia Lebarón y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. La marcha de Cuernavaca al Zócalo buscaba visibilizar la negligencia y falta de voluntad de las instituciones para garantizar seguridad, justicia, paz y reparaciones para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en México desde 2006. La propuesta incluye medidas de política pública para enfrentar estos desafíos. Se busca con ellas instalar en México un mecanismo independiente para hacer frente a la impunidad con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, similar a la Comisión Internacional para Combatir la Impunidad de Guatemala; una gran comisión de la verdad que sea respetuosa de los estándares internacionales en la materia para que sea independiente y cuente con capacidad de operación sin influencias indebidas para esclarecer las responsabilidades políticas e institucionales que han fomentado o tolerado las crisis de derechos humanos recientes, así como un programa integral de reparación a víctimas. Nuevamente, a pesar de las promesas de mayo y septiembre de 2018 de López Obrador de atender esta agenda, las mayorías oficialistas no quisieron ni escuchar efectivamente a las víctimas y organizaciones ni mucho menos actuar para atender estas problemáticas.
En cuanto a las víctimas de la violencia y las violaciones de derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza presentó reformas a la Ley General de Víctimas para intentar revertir los retrocesos legislativos de las mayorías parlamentarias y recuperar el fondo y fideicomiso de ayuda, asistencia y reparación integral, así como para construir una política de Estado de protección integral de los derechos de las víctimas. Aunque no obtuvo los respaldos necesarios, debemos destacar que sí se logró, afortunadamente, la incorporación al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en 2023 de la declaración especial de ausencia por desaparición.
En materia de impunidad de las graves violaciones de derechos humanos, que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, Emilio Álvarez Icaza promovió espacios técnicos de discusión para lograr la presentación de iniciativas que buscaban fortalecer el sistema de justicia internacional alrededor de la Corte Penal Internacional. Por su impulso se ratificaron las denominadas enmiendas de Kampala al artículo 8° del Estatuto de Roma sobre el uso de ciertas armas en conflictos no internacionales.
Además, propuso reformas constitucionales y leyes secundarias en materia de cooperación con la Corte Penal Internacional y armonización con el Estatuto de Roma. Con ellas, se removerían los obstáculos constitucionales para que México coopere con las investigaciones o juicios ante dicho tribunal que se hayan cometido en territorio mexicano desde enero de 2006, al mismo tiempo que habilitaría a las instituciones competentes que cumplan con la obligación primaria de investigar, procesar y sancionar los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en nuestro país. En la siguiente legislatura tendremos que exigir que estas iniciativas se aprueben para que los crímenes cometidos no permanezcan en la impunidad.
También debo destacar su trabajo para revertir o detener el militarismo, el cogobierno cívico-militar y la militarización de ciertas tareas claves que le corresponden exclusivamente a las autoridades civiles. Emilio Álvarez Icaza dedicó esfuerzos notables para defender el carácter civil del gobierno a la vez que buscó fortalecer el sistema de frenos y contrapesos ante el fenómeno del cogobierno militar. Denunció en tribuna y en otros medios de manera vehemente la profundización de la militarización en tareas de seguridad pública y de control migratorio, así como de la transferencia de funciones y presupuesto civil a las Fuerzas Armadas, con un impacto negativo en la transparencia, la corrupción y la violación de derechos humanos.
Esas transferencias de lo civil a lo militar son una ruptura del orden democrático y de la institucionalidad constitucional en términos de la Carta Democrática Interamericana. Desmantelar el cogobierno militar es una tarea pendiente y urgente que tendremos que llevar a cabo en los próximos años y para ello se requiere la participación decidida de sectores sociales y políticos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la democracia, la rendición de cuentas, la transparencia y el Estado de derecho. Ojalá que en el Senado y en la Cámara Baja lleguen legisladores con ese mismo nivel de compromiso para continuar con esas tareas.
Deseo reconocer los aportes del Senador Emilio Álvarez Icaza y su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho. Para aquellos que buscan deslegitimar la voz de quienes desde el Senado promueven y defienden derechos humanos, me parece importante recordarles que esa función es una tarea que se puede desempeñar desde la sociedad civil o las instituciones de gobierno, sean ejecutivas, legislativas o judiciales, y el trabajo de Emilio Álvarez Icaza es un claro ejemplo de cómo hacerlo.
Estoy convencido de que el importante trabajo de Emilio Álvarez Icaza pudo ser realizado gracias al apoyo de su maravilloso equipo de colaboradores. Particularmente quiero destacar el incansable y profesional trabajo de nuestra muy querida Eliana García Lagunes, quien, para inspirar e influir en el trabajo legislativo, activamente siempre buscó escuchar la voz de las víctimas y discutir sobre los más altos estándares de protección de los derechos humanos con integrantes de organizaciones de la sociedad civil y personas especialistas.
Por último, querido Emilio, nos unen 25 años de amistad y trabajo conjunto en favor de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia en México. No tengo duda de que en tu siguiente encomienda coincidiremos y haremos lo que esté en nuestras manos por intentar revertir los tremendos retrocesos legislativos e institucionales de los últimos años, que han impactado negativamente en la vida de miles de personas. Te reitero mi agradecimiento y reconocimiento por todo lo que hiciste en estos seis años, y ojalá que nuestras vidas se vuelvan a cruzar muy pronto.
Muchas gracias.
