5 de agosto 2020.
El Economista
Establecer sanciones de ocho a 15 años de cárcel para grupos delincuenciales que generen desplazamiento interno forzado y servidores públicos que no acaten la ley o participen en la comisión de delitos relacionados con el problema, proponen un grupo de legisladores federales.
El senador Emilio Álvarez Icaza y los diputados federales Lucía Riojas y Carlos Morales, los tres sin partido político, promueven expedir la ley para la prevención, protección, generación de soluciones duraderas y sanciones en materia de desplazamiento interno forzado, y reformar el Código Penal Federal y la Ley de Minería, cuya iniciativa presentarán este miércoles de manera formal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Hay una deuda del Estado mexicano con las víctimas de desplazamiento interno forzado, afirmó Álvarez Icaza, en rueda de prensa virtual con víctimas y representantes de colectivos y organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, quienes exigieron al Congreso federal tipificar como delito el fenómeno del desplazamiento interno forzado y la desaparición de personas.
