Revista Brújula
Emilio Álvarez Icaza Longoria
Senador de la República independiente, integrante del Grupo Parlamentario Plural.
La reciente presentación de la miscelánea fiscal y el paquete presupuestal para 2022 tiene la necesidad de hacernos unas preguntas básicas que, si bien parecen elementales, resultan fundamentales. La primera es: ¿Qué es el Estado y quién lo representa? La segunda pregunta es: ¿Qué es el interés público y quién lo representa?
Por obvias que parezcan las respuestas a las preguntas arriba formuladas, se hace necesario subrayar: ni el gobierno representa a todo el Estado ni el gobierno representa todo el interés público.
Esta reflexión viene a cuenta a partir de las propuestas de modificación al artículo 151 la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Ley del ISR), por parte del Gobierno Federal, para reducir el monto que las personas contribuyentes pueden hacer en materia de deducciones. Se trata de eliminar la deducibilidad de hasta un 7% del ingreso anual que las personas contribuyentes pueden realizar a lo largo de un ejercicio fiscal, por ejemplo, con donaciones deducibles de impuestos a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), lo que afectará directamente a miles de estas organizaciones autorizadas a recibir donaciones para trabajar con los sectores en mayor riesgo y desprotección. Es decir, las OSC tendrán nuevas y mayores dificultades para el uso de recursos públicos, en esta ocasión por la vía de la limitación de la deducibilidad.
En realidad, hay que decirlo con claridad, la propuesta de modificación artículo 151 es una confesión de parte. Es una confesión de parte de una concepción autoritaria del Estado.
Que no es un hecho aislado, sino que es parte de una escalada sistemática de acoso y ataque a las OSC. Es una nueva expresión de la concepción de que estas organizaciones no sean parte del Estado, ni entidades de interés público y por tanto no deben usar, manejar o recibir recursos públicos.
Que no es un hecho aislado, sino que es parte de una escalada sistemática de acoso y ataque a las OSC. Es una nueva expresión de la concepción de que estas organizaciones no sean parte del Estado, ni entidades de interés público y por tanto no deben usar, manejar o recibir recursos públicos.
