La reforma no planteó una verdadera transformación institucional. Regresó a la obediencia jerárquica en lugar de la independencia técnica de operadores; revivió los esquemas de investigación de la vieja Procuraduría General de la República a partir de hechos aislados en lugar de asumir un enfoque de análisis de contexto de los fenómenos criminales; se violentaron los derechos adquiridos por las víctimas; se concentró el nombramiento de fiscales especiales; se limitó casi hasta su desaparición el Mecanismo de Apoyo Exterior para casos de personas migrantes; desapareció el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera que debería implementar el servicio civil y –muy gravemente– no se mantuvo el Plan de Persecución Penal como instrumento integral de investigación.
