13 de septiembre 2020.
Proceso
La cercanía de las posturas de Rosario Piedra Ibarra con las del presidente López Obrador no sólo provocó duras críticas de la oposición en su proceso de designación como presidenta de la CNDH, sino que sigue erosionando su gestión. La tibieza de sus pronunciamientos sobre temas delicados que le incumben al Ejecutivo provocaron, entre otras reacciones, la toma de las instalaciones del organismo y la escisión de su equipo.
Envuelta en el escándalo desde su designación por el Senado como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra se acerca al año de su gestión con una notoria incapacidad para despojarse de su cercanía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que constitucionalmente está obligada a someter a escrutinio.
Renuncias de consejeros del organismo, acusaciones por despidos injustificados incluso durante la pandemia, acoso laboral, contrataciones de personajes involucrados en agresiones a mujeres y presunta corrupción, así como los tibios señalamientos sobre violaciones a derechos humanos y escasa productividad en recomendaciones a instancias gubernamentales, entre otros señalamientos, fueron coronadas con la toma de las oficinas de la CNDH en el la calle de Cuba 60, en el centro de la Ciudad de México, por una expresión del movimiento feminista, cuyas integrantes habían sido tachadas de “terroristas” por Piedra Ibarra durante las movilizaciones para exigir verdad y justicia en casos de feminicidio, durante el primer trimestre del año.
