En las elecciones del pasado 6 de junio, las personas electoras optaron por un fuerte mensaje de contrapesos y límites al gobierno federal. El partido en el gobierno, MORENA, dejó de tener la mayoría simple en la Cámara de Diputados (al perder 55 diputaciones) y junto con sus aliados como coalición gobernante, también perdió la mayoría calificada. Es claro que la dinámica de la Cámara de Diputados será distinta a partir del 1º de septiembre y con ello, la del Congreso de la Unión, aunque la composición del Senado de la República sea la misma.
Por una parte, cualquier modificación a la Constitución será obligadamente mucho más difícil. O se construye un acuerdo con la oposición o simplemente no habrá cambio constitucional. Algo así sucederá con nombramientos que requieren al menos dos tercios de la votación para su aprobación, por ejemplo, designaciones de Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral (INE). En este tipo de decisiones, o hay acuerdo o sencillamente el gobierno no podrá sacar adelante sus propuestas.
Por la otra, las aprobaciones que requieran mayoría simple (leyes y presupuesto, entre otras), seguirán siendo posibles para el bloque gobernante, con la salvedad de que ahora eso dependerá del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tristemente célebre por ser una expresión muy acabada de la corrupción política, delincuencia electoral y venta de votos al poder. Esta situación no deja de ser una tragedia para el país y un problema para el presidente López Obrador y su partido, ya que de ahora en adelante cualquier aprobación deberá requerirá a una instancia mercenaria de la política para pasar. Muy delicado escenario para la débil democracia mexicana.
