Excélsior
En México es muy alto el precio a pagar por la libertad de expresión. Van cuatro periodistas asesinados en un mes y 53 en lo que va del sexenio. Son diez más que los normalistas de Ayotzinapa, pero no son rentables políticamente. Nunca, en ningún sexenio, había corrido tanta sangre de reporteros, fotoperiodistas, editorialistas. Cada que cae uno escuchamos en Palacio Nacional el mismo estribillo: “No somos iguales, la diferencia es que hoy no hay impunidad”. ¿No hay impunidad? La realidad, admitida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, es que nueve de cada diez asesinatos de periodistas han quedado sin sentencia en estos tres años. Ayer mataron a Roberto Toledo en Zitácuaro. Tres sicarios para eliminar a un hombre cuya única defensa —como bien dijo Armando Linares López, director de Monitor Michoacán— era una pluma, un lapicero, una libreta. Su muerte se suma a la José Luís Gamboa, en Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en Tijuana, todas ocurridas en enero de 2022. Nombres que, muy pronto, quedarán en el olvido, mientras sus victimarios andarán, por allí, cobrando por otras “chambas”. Toledo era editorialista de Monitor Michoacán, un medio digital que reiteradamente había recibido amenazas de muerte por “exhibir a funcionarios y políticos corruptos”, dijo el director Linares, en un video en el que se le quebró la voz. Las amenazas fueron cumplidas ayer. “¡Malditos aquellos que atentaron contra la vida de un inocente!”, remató con dolor e impotencia.
* De la situación que vivimos en el país hablamos con el senador Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exombudsman capitalino y, desde ayer, vicecoordinador del Grupo Plural en la Cámara alta. De entrada, nos dice que todos los indicadores en derechos humanos, en este gobierno, no sólo están en alarma, sino en crisis. “Así como van las cosas, este gobierno va a acabar con el peor registro en los indicadores en materia de periodistas asesinados, defensores de derechos humanos, personas desaparecidas, homicidios violentos. Este gobierno está rebasando los niveles dramáticos de las épocas de Calderón y Peña, en tres años. No se está entendiendo que se requiere el músculo del Estado para revertir, no sólo en términos de los ataques más dramáticos, sino la acción de la justicia. Aquí, la Fiscalía autónoma está resultando absolutamente omisa. No entiende el Presidente que una de las derrotas más importantes de Calderón y Peña fue justo en la agenda de derechos humanos.
