26 de mayo 2020.
Por Wola.
Un año después de que México promulgó la Ley de la Guardia Nacional el 27 de mayo de 2019, la nueva fuerza de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado convertirse en un organismo federal capaz de abordar la crisis de seguridad en México. Si bien se lanzó con gran fanfarria, desde su despliegue oficial el 2 de julio de 2019, la Guardia Nacional aún no ha resultado en una reducción apreciable de la delincuencia y la violencia generalizada que se vive en el país. Por el contrario, marzo y abril de 2020 fueron los segundo y tercer meses más violentos registrados en México.
En lo que parece ser un reconocimiento tácito de las deficiencias de la Guardia Nacional, el 11 de mayo López Obrador firmó un decreto que amplía y oficializa el poder de las fuerzas armadas de México para participar en tareas de seguridad pública. El decreto otorga a los soldados muchas de las mismas responsabilidades que tienen los miembros de las fuerzas policiacas civiles, como detener a sospechosos, asegurar escenas del crimen y ejecutar órdenes de aprehensión. La medida ha levantado una serie de preocupaciones, ya que las fuerzas armadas de México tienen una larga historia de alterar las escenas del crimen, torturar a sospechosos y cometer otros delitos y violaciones de derechos humanos con casi total impunidad.
